GESTIÓN parlamentaria BAJO LA LUPA | investigación 1 de 3

Por Maru Morales

Media docena de escándalos de presunta corrupción en dos años y no hay una sola investigación parlamentaria conclusiva. Ningún diputado ha sido sancionado políticamente. Ningún funcionario del gobierno encargado recibió un voto de censura. Guaidó no ha rendido cuenta de los 80 millones de dólares que dispuso.

Más allá de logros, alianzas y tenacidad política, la poca transparencia, la resistencia a sancionar a colaboradores señalados de irregularidades y la baja disposición a rendir cuentas son tres de las características negativas que marcaron el paso de Juan Guaidó por la presidencia de la Asamblea Nacional y la presidencia encargada de la República.

Entre 2019 y 2020 Guaidó enfrentó diversos escándalos de presunta corrupción. Aún cuando la primera reacción fue casi siempre ordenar una investigación, a la larga esas investigaciones no llegaron a nada. No se dictaron sanciones políticas ni se pidieron averiguaciones administrativas.

Para la Gestión bajo la lupa, de Crónica.Uno se contabilizó al menos ocho casos que han puesto en entredicho la integridad de diputados aliados de Guaidó o de integrantes de su gobierno interino, además de la resistencia a rendir cuentas del propio diputado de La Guaira.

Algunos de los casos no fueron investigados a pesar de que había elementos de sospecha. Por ejemplo, uno de los organizadores de la Operación Gedeón (mayo de 2020) delató el plan un mes antes en una entrevista radial e implicó a funcionarios del gobierno interino. Cuando hubo sospechas de malversación de fondos públicos, como ocurrió con los donativos para atender a los militares venezolanos en Cúcuta, la comisión de la Asamblea Nacional que debió investigar no lo hizo.

También se han producido señalamientos contra altos funcionarios del gobierno encargado por presuntamente intentar sobornos u operaciones fraudulentas por miles de millones de dólares. Aunque el gobierno interino pidió a la AN que investigara, las indagatorias no fueron incisivas y no se produjo ningún informe. Como pasó con la comisión presidencial de Recuperación de Activos y sus gestiones ante Petropar y Petrocaribe, sobre las cuales ahondaremos en la siguiente entrega.

Ejecutivo y Legislativo sin cuentas

En paralelo a ello, la gestión de Guaidó en su función dual, Legislativo y el Ejecutivo, se ha caracterizado por la no rendición de cuentas. En 2019, cuando aún no manejaba fondos directamente, Guaidó viajó dentro y fuera de Venezuela, designó representantes diplomáticos en el exterior, e instaló una oficina de despacho en Caracas. Sin embargo, en su discurso del 15 de enero de 2020, que anunció como su presentación de Memoria y Cuenta, no dijo cómo sufragó esos gastos, sino que se conformó con decir que era trabajo voluntario.

Ese año tampoco hubo rendición de cuentas de las empresas rescatadas en el exterior, sino que se esperó hasta mediados de 2020 cuando comenzaron a surgir rumores de corrupción interna.

En 2020, la cosa cambió para seguir igual: a partir de abril de 2020 Guaidó pudo disponer de un presupuesto de 80 millones de dólares distribuidos en 7 partidas específicas, autorizados por la AN y la OFAC estadounidense. No obstante, pasó el 15 de enero de 2021, fecha tope para que el presidente de la República cumpla con el mandato de rendir cuentas y aún no se sabe nada de la ejecución de ese dinero.

En diciembre de 2020, Guaidó, como presidente de la AN, tampoco rindió su informe de gestión al cierre del período legislativo, como lo manda el Reglamento Interior y de Debates.

Y como el ejemplo se dicta desde el liderazgo, los informes de gestión anuales de los diputados brillan por su ausencia: solo uno (Williams Dávila) publicó su informe de las actividades realizadas en 2019 en la web de la AN, pero hasta la fecha ningún diputado ha publicado su resumen de actividades de 2020. Lo mismo ocurre con los representantes diplomáticos en el exterior y la comisión presidencial de Relaciones Exteriores: cero memoria pública y ordenada de las gestiones y logros; solo comunicados y notas de prensa.

¿A cuánto dinero ha tenido acceso realmente Guaidó?

Echemos la película hacia atrás. El 29 de enero de 2019, apenas seis días después de juramentarse como presidente interino en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, Estados Unidos emitió una certificación a favor de Guaidó que le permitiría acceder a las cuentas del gobierno venezolano y del BCV en el Banco de la Reserva Federal en Nueva York.

Aunque el acceso real a los fondos no fue inmediato, sencillo, ni carente de controles, la oportunidad se presentó en marzo de 2020, cuando el Citibank le cobró a Nicolás Maduro una deuda preexistente, a través de la venta de oro venezolano bajo su resguardo. Como el monto de la venta del oro era superior a la deuda, la diferencia ($340 millones) fue dejada a disposición del gobierno interino.

El 15 de abril de 2020, Guaidó obtuvo la autorización de la AN y la OFAC para mover el dinero del Citibank al Banco de la Reserva Federal en Nueva York y disponer de una fracción. En el mismo acto, la AN aprobó el presupuesto de gastos del gobierno interino (que llevó el nombre de Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital) por un monto de $80 millones distribuido en siete partidas presupuestarias.

En 2019 y 2020 el gobierno interino también pudo disponer de los ingresos obtenidos por empresas del Estado recuperadas en el exterior a través de directivas ad hoc. Pero esos recursos solo pueden ser utilizados para el sostenimiento de las mismas empresas y pago de deudas, con autorización de la AN.

Las otras vías de apoyo financiero han sido del tipo indirecto, es decir, a través de donaciones en efectivo o en insumos (principalmente de ayuda humanitaria) hechas por gobiernos u organismos multilaterales. Pero estas son implementadas de gobierno a gobierno, de gobierno a organismos internacionales y ONG, o de organismos internacionales directamente a las ONG. El gobierno interino no tiene acceso a esos recursos.

¿Qué pasó con los responsables del cucutazo?

Apenas seis meses después de que Juan Guaidó se juramentara como presidente encargado, en junio de 2019 surgió el primer escándalo. Una denuncia publicada en el portal PanAm Post sobre presunta malversación de fondos donados por particulares para atender militares venezolanos que huyeron de Venezuela hacia Cúcuta a partir del 23 de febrero de 2019.

Dos factores jugaron a favor de las irregularidades en esa ocasión: primero, que en medio del caos y la emergencia que generó el ingreso de más de mil efectivos militares a Cúcuta en tres meses, no existían mecanismos de atención humanitaria, control ni administración de fondos. Y segundo, la designación por parte de Guaidó, a espaldas de la plenaria de la AN, de dos personas (Rossana Barrera y Kelvin Rojas) sin experiencia, trayectoria o aval para esa delicada tarea: administrar donaciones en efectivo estimadas en 90.000 dólares.

Al hacerse pública la denuncia, Guaidó pidió a los organismos de inteligencia de Colombia una investigación, informó que los señalados fueron suspendidos de sus cargos, dijo que el dinero no era público sino que provenía de donaciones de particulares, que ya existía una investigación administrativa en curso y pidió a la ONG Transparencia una investigación independiente. Primero Justicia exigió la designación de un contralor especial.

El 18 de junio la plenaria ordenó a la comisión de Contraloría una investigación, creó una comisión encabezada por Omar Barboza (UNT) para designar un contralor especial (que se concretó 11 meses después) y creó una comisión de seguimiento a la ayuda humanitaria.

¿Quién pagó entonces por el cucutazo? Nadie. De los tres entes que debían investigar el caso, solo la ONG Transparencia culminó el trabajo y el 17 de septiembre de 2019 presentó un informe que determinó que:

• Los fondos manejados por Barrera y Rojas sí eran patrimonio público, pese a provenir de donativos privados.
• Los implicados presentaron facturas duplicadas, transferencias bancarias sin titular, copias de facturas ininteligibles y facturas de hoteles pagadas que aparecían en la relación de gastos.
• Habrían movilizado 35.000 dólares, aproximadamente.

La ONG no pudo determinar, por no tener acceso a los movimientos bancarios de los implicados, si ellos incurrieron en desviación o malversación de los recursos. Pero eso no quiere decir que no haya sido así, como de inmediato declaró Guaidó, sino que Transparencia no pudo determinarlo por falta de acceso a las pruebas.

Por su parte, la comisión de Contraloría no publicó un informe con la investigación ni llevó el caso a la plenaria. Tampoco publicó su informe de gestión de 2019 que debería contener alguna explicación sobre ese mandato. Una investigación seria de la AN habría aclarado en qué momento fueron separados de sus cargos los implicados (el 14 de junio como dijo Guaidó ese día, o mes y medio antes, como dijo en otra declaración); si Rojas y Barrera tenían responsabilidad política en el caso; si uno de los implicados era pariente del diputado Sergio Vergara (VP); y por qué los señalados fueron designados de forma unilateral sin autorización de la Asamblea Nacional, entre otros aspectos.

Citgo en medio de los Bonos Pdvsa 2020 y Crystallex

En el año 2008, Hugo Chávez expropió activos de la trasnacional minera Crystallex en Venezuela. La empresa demandó al Estado y en agosto de 2018 un tribunal de Delaware, Estados Unidos, autorizó a Crystallex a embargar a Citgo, filial de Pdvsa en el estado norteamericano y principal activo de Venezuela en el exterior. Luego de las apelaciones respectivas, el 21 de enero de este año 2021, el tribunal ordenó la venta de las acciones de Citgo a favor de Crystallex.

En paralelo, en 2017, la administración de Nicolás Maduro puso 51,1 % de las acciones de Citgo como garantía de pago por los Bonos Pdvsa 2020. En mayo de 2019, la AN reiteró su posición histórica de que la emisión del bono era ilegal, pero autorizó a pagar los intereses a los tenedores con dinero de Pdvsa en el exterior. En octubre de 2019, el gobierno interino demandó la nulidad de los bonos y el juicio está en curso.

Ambos procedimientos están paralizados gracias a una medida dictada por la administración de Donald Trump en octubre de 2019 que impide transar las acciones de Citgo.

Sin embargo, en Venezuela han surgido críticas a la estrategia de defensa de Citgo desplegada por José Ignacio Hernández, procurador especial, nombrado por el gobierno interino en febrero de 2019. Desde Miraflores se le ha acusado de haber actuado a favor de Crystallex, pues en 2017 antes de su nombramiento como procurador, fue parte del juicio de la trasnacional en calidad de experto convocado por la defensa de la compañía.

Del lado opositor, Primero Justicia puso en entredicho su gestión argumentando de manera recurrente la inexistencia de controles a sus decisiones. El partido se opuso a la estrategia de la demanda y proponía negociar con los tenedores; PJ cuestionó especialmente la petición de Hernández de ampliar el Fondo de Litigios de 2 millones de dólares a 20 millones en enero de 2020.

Por otro lado, la Fracción parlamentaria 16-J pidió a Guaidó una investigación sobre la supuesta doble posición de diputados (Rafael Guzmán) y dirigentes de Primero Justicia (Alejandro Grisanti), al apoyar los acuerdos de la AN para declarar la ilegalidad de los bonos y al mismo tiempo comunicarle los inversionistas que la Asamblea no cuestionaría la operación de canje de los bonos 2017 por los bonos 2020.

¿Se abrió alguna investigación contra PJ o contra la Procuraduría Especial para determinar si hubo intereses particulares en la decisión de demandar a los tenedores de Citgo o si la estrategia fue la correcta?

No. En un deficiente informe de gestión publicado en la web de la AN el pasado 7 de enero de 2021, la comisión de Contraloría no hace referencia a la petición de 16-J; solo dice que concedió dos derechos de palabra al presidente de la junta administradora ad hoc de Pdvsa, Luis Pacheco, para que informara sobre  los pagarés emitidos en 2020 para refinanciar Citgo y la cesión de la participación de Pdvsa en la refinería Nynas.

Peor aún: en el informe de la comisión de Finanzas presentado ante la Comisión Delegada por Carlos Paparoni (PJ) el 12 de enero de este año, se reconoce que la Procuraduría Especial contrató escritorios jurídicos sin autorización ni presupuesto para ello (lo cual viola la ley de contrataciones públicas), para la defensa judicial de los activos en el exterior. Y aún así, ni la comisión ni los integrantes de la Comisión Delegada pidieron declarar la responsabilidad política del procurador ni solicitaron al contralor especial, activo desde mayo de 2020, una averiguación administrativa.

Intromisión política en Monómeros

El 11 de abril de 2019, Juan Guaidó con aval de la AN designó una junta administradora ad hoc para Monómeros Colombo Venezolanos. Una filial de Pequiven productora de fertilizantes, ubicada en Barranquilla, Colombia.

En noviembre y diciembre de 2019, Huberto Calderón Berti, que había sido representante diplomático del gobierno interino en Colombia, denunció la intromisión de dirigentes partidistas en la administración de Monómeros. Se refirió concretamente al fundador de UNT, Manuel Rosales. Posteriormente, otros nombres salieron a relucir (Julio César Reyes exintegrante de Avanzada Progresista y Elías Matta, de UNT).

En febrero de 2020, la diputada Nora Bracho (UNT) pidió a Monómeros informar públicamente si había recibido presiones por parte de dirigentes de su partido. Exhortó a la empresa a hacer públicos sus mecanismos de contratación. El 13 de abril de 2020, el senador colombiano José David Name instó al gobierno de Iván Duque a intervenir la empresa porque había indicios de corrupción.

Siete días más tarde, Monómeros desmintió los señalamientos de Name a través de un comunicado público. Informó sobre investigaciones internas, depuración del personal, mejoramiento de los procesos y el levantamiento de las sanciones impuestas por la OFAC. Name se retractó de sus señalamientos a finales de ese mes.

Guaidó instó a las directivas ad hoc vinculadas a Petróleos de Venezuela a rendir cuentas ante la AN y el 29 de julio de 2020, la gerencia de Monómeros compareció ante la comisión de Energía donde ofreció una detallada explicación de sus operaciones y respondió las preguntas de los diputados. Un par de días después, en una entrevista al diario El Nacional, la presidenta de la junta directiva de Monómeros, Carmen Elisa Hernández, admitió que sí hubo reuniones del personal con diputados y en una de ellas estuvo presente Manuel Rosales.

¿Se investigó la denuncia sobre la presunta intromisión política en la gerencia de Monómeros? No. Ni la comisión de Contraloría ni el Centro de Gobierno iniciaron una averiguación sobre la denuncia formulada por Calderón Berti sobre la intromisión de representantes de partidos en el manejo de la empresa de fertilizantes, ni emitieron un informe al respecto. Tanto el presidente Guaidó como voceros del Centro de Gobierno le restaron mérito o credibilidad a la denuncia.

Operación Alacrán

El cierre del año 2019 no le dio tregua a Juan Guaidó y el 1° de diciembre el portal Armando.Info denunció una trama de corrupción que involucraba a diputados dispuestos a lavar la reputación de empresarios vinculados a la corrupción del Clap, utilizando para ello cartas con membrete y sello de la comisión de Contraloría de la AN, que para aquel momento era presidida desde el exilio por Freddy Superlano (VP).

Los diputados señalados en la investigación eran: Luis Parra, Conrado Pérez y José Brito, de Primero Justicia; Chaim Bucarán, Héctor Vargas y William Barrientos de Un Nuevo Tiempo; Richard Arteaga y Guillermo Luces de Voluntad Popular; Adolfo Superlano, que poco antes había sido expulsado de Cambiemos; y José Luis Pirela de Vente Venezuela.

El mismo día de la publicación, Juan Guaidó los suspendió de sus funciones y anunció una investigación. La trama tenía dos caras: una que hizo lobby internacional a favor de varios empresarios vinculados a Nicolás Maduro, entre ellos el colombiano, Alex Saab; y otra que consistió en la compra de conciencias de diputados de la oposición para que no votaran por la reelección de Guaidó como presidente de la AN el 5 de enero de 2020.

El 3 de diciembre de 2019 se instaló la comisión interventora de la Asamblea Nacional conformada por Stalin González (UNT), Marialbert Barrios (PJ) y Edgar Zambrano (AD). Establecieron un cronograma de interpelaciones y se comprometieron a presentar un primer informe de sus hallazgos en 15 días, aunque el Reglamento Interior y de Debates de la AN les daba un plazo de hasta 30 días.

El 4 de diciembre, la comisión interventora informó que luego de las primeras entrevistas y de una revisión preliminar de la comisión de Contraloría, habían detectado un “cúmulo de irregularidades”.

Las más resaltantes fueron:

• La existencia de cartas y comunicaciones con el membrete y sello de la comisión, aunque el presidente de la misma estaba fuera del país.
• La falta de archivos y registros organizados de las reuniones.
• La disponibilidad de fondos de origen desconocido para realizar viajes al exterior de algunos diputados.
• La existencia de documentos de la comisión notariados en una oficina de ese servicio en Chacao.
• El hecho de que el presidente de la comisión, Freddy Superlano (quien renunció a ese cargo al iniciarse la investigación), se encontraba en el exilio en Colombia desde mediados de año por lo que dirigía el funcionamiento de la misma a distancia.

En los días sucesivos, los partidos PJ, UNT y VP anunciaron la expulsión de los diputados mencionados en el reportaje de Armando.info. Superlano quedó intacto. El Movimiento Democracia e Inclusión expulsó de sus filas a la diputada Kelly Perfecto “por recibir dinero de emisarios de Nicolás Maduro para no votar por la reelección de Guaidó”, dijo el partido.

El 5 de enero de 2020 y en los días posteriores se terminó de revelar el alcance de la Operación Alacrán. 13 diputados principales y 5 suplentes de la oposición se retrataron al lado de Luis Parra como presidente de una AN paralela e inconstitucional. Los que se mantuvieron en las filas opositoras, denunciaron haber recibido sobornos mil millonarios para respaldar a Parra.

Con tantos elementos disponibles ¿a qué conclusiones llegó la comisión interventora de la comisión de Contraloría? A ninguna. El informe prometido para el 18 de diciembre de 2019 nunca se conoció. A lo largo de 2020, la prensa preguntó a Juan Guaidó sobre esta investigación y siempre respondió con evasivas.

El 18 de diciembre de 2020, el portal de información AlbertoNews publicó un documento de 81 páginas que, supuestamente, sería el informe preliminar de la comisión interventora. El supuesto informe tiene el membrete de la comisión, pero no está firmado por sus integrantes, no tiene fecha ni sello. Stalin González dijo en sus redes sociales que no avalaba ni conocía dicho informe.

Por otro lado, en el informe de gestión de la comisión de Contraloría correspondiente al año 2020, dice que de las 9 investigaciones que inició en 2020, solo una produjo un informe preliminar, es decir, no concluyente: el de la Operación Alacrán.

Ese informe fue presentado públicamente en la sesión de la AN del 30 de junio de 2020 y dice que los sobornos para lograr el salto de talanquera de otros diputados alcanzaban la suma de 60 millones de dólares. Pese a ello, la comisión no declaró la responsabilidad política de ninguno de los diputados señalados ni pidió a la Contraloría Especial iniciar una averiguación.

En la siguiente entrega, les contamos qué se sabe del Fondo de Litigios, el Fondo para la Liberación de Venezuela, la Operación Gedeón, la deuda de Petropar con Pdvsa y los activos que un consorcio internacional quiso recuperar para el gobierno interino en el Caribe.

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(*) Para las dos primeras entregas de este seriado, Crónica.Uno intentó contactar a Carlos Paparoni (PJ), Stalin González (UNT), Alfonso Marquina (PJ), Edgar Zambrano (AD) y Freddy Guevara (VP). Solo Guevara respondió y remitió la información solicitada.

Artículo publicado en Crónica Uno