Balance legislativo 2016-2021
Más allá de los resultados de la Consulta Popular realizada el 12 de diciembre, de si podrán hacerse vinculantes, o de si serán considerados dentro y fuera de Venezuela como aval suficiente para justificar una prolongación extraconstitucional de la vigencia del Parlamento actual, la Asamblea Nacional (AN) electa en diciembre de 2015 para el período 2016-2021 está a días de culminar su mandato constitucional.
Un balance de estos cinco años de gestión que se base únicamente en la revisión numérica de decisiones tomadas, leyes sancionadas, nombramientos aprobados o medidas de control político aplicadas, sería insuficiente, pues la legislatura 2016-2021 tuvo que enfrentar un contexto distante del entorno de funcionalidad democrática que plantea la Constitución de 1999.
De acuerdo con la Constitución venezolana, la Asamblea Nacional tiene tres tareas fundamentales: hacer leyes, controlar a los otros cuatro poderes públicos y representar a los ciudadanos.
Pero el cumplimiento cabal de esas tres funciones elementales depende directamente de la existencia de un entorno político y gubernamental democrático, donde el debate, el disenso y la propuesta sean posibles. No fue el caso de la Asamblea Nacional de Venezuela en los últimos cinco años.
Tampoco fue ese el escenario de la AN en los años anteriores a 2016, pero el seriado que Crónica.Uno inicia con el presente trabajo, e incluirá datos numéricos y entrevistas analíticas (Ricardo Sucre, Ramón Aveledo y Xavier Rodríguez) y se centrará en revisar el desempeño político, operativo y constitucional desde 2016 hasta el presente.
Dañar al Parlamento hasta cuando se es minoría
Desde enero de 2016 y hasta el día de hoy, cuando finaliza el último período ordinario de sesiones del último año de la legislatura, el Parlamento se vio obligado a dejar de lado sus atribuciones constitucionales (legislar, controlar y representar): ¿por qué?
Por un lado, porque la administración de Nicolás Maduro, incluyendo a los poderes públicos que actúan como satélites de Miraflores, se dedicaron a lo largo de todo el lustro a despojar a la AN de esas atribuciones por la vía de hecho. El acoso judicial, el cerco financiero, el bloqueo institucional y el asalto físico al Palacio Federal Legislativo fueron las herramientas para ese despojo.
Mención especial en esa tarea merece el partido oficialista, que desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 —cuando todavía se llamaba MVR— hasta el día de hoy bajo las siglas del PSUV, ha trabajado de manera sostenida para quitarle a la Asamblea Nacional sus roles de contrapeso del poder, lugar para el debate público y espacio para el acuerdo político.
Incluso siendo minoría, a partir de enero de 2016, el PSUV no abandonó esa triste tarea. Sus 55 diputados electos sabotearon las sesiones en 2016 y abandonaron las curules en 2017 quitándole a la AN la su razón de ser: la contraposición de ideas. En 2018, desde la ANC ilegítima —así catalogada por los parlamentarios y por organismos internacionales—, los diputados del PSUV que eran a la vez constituyentes, avalaron todas las acciones de persecución y socavamiento institucional contra la Asamblea.
En 2019, tras retornar al Hemiciclo, el PSUV refinó sus estrategias para desbaratar a la AN desde adentro, a través de operaciones políticas y maniobras fraudulentas para fracturar la integración de la cámara. Y este 2020 el partido de gobierno se mantuvo firme en su propósito de acabar con la AN al orquestar la conformación de una directiva parlamentaria paralela que debilitó aún más la institución.
Mayoría errática y sin ángel para el consenso
Pero por el otro lado, en estos últimos cinco años la AN estuvo en manos de una mayoría opositora por primera vez desde el año 2000. Una mayoría alcanzada con un 56 % de respaldo popular y traducida en 112 diputados electos.
No obstante, el liderazgo opositor al que le tocó conducir al Parlamento en este quinquenio —a la par de subsistir bajo el constante asedio oficialista— tampoco fue capaz de diseñar una verdadera estrategia unitaria, realista y de consenso. Una estrategia que permitiera al país avanzar de manera certera en el sostenimiento, ampliación y consolidación de esa mayoría, para impulsar un cambio de modelo, la principal oferta electoral de la Mesa de la Unidad Democrática allende 2015.
La coalición ganadora que fue la MUD entró en crisis horas después de la elección parlamentaria de aquel año, cuando el secretario general de AD, Henry Ramos, y Voluntad Popular rompieron el acuerdo político al que habían llegado los partidos de oposición para asignar la presidencia del primer año de gestión al partido que obtuviera más diputados. A la sazón, Primero Justicia.
Ramos y VP forzaron a la novel mayoría parlamentaria opositora a dividirse por primera vez para decidir, mediante votación, entre él y Julio Borges, coordinador nacional de PJ. Ese acto hirió de muerte a la Mesa de la Unidad como alianza política. Lo que vino después solo profundizó la fractura hasta que en julio de 2018, la MUD se extinguió formal y definitivamente.
Ese personalismo, esa tendencia a imponer a los demás la propia línea partidista a la hora de tomar decisiones políticas no fue solo un signo de Ramos, sino, en mayor o menor medida, de todos los presidentes que le sucedieron.
Julio Borges en 2017, Omar Barboza en 2018 e incluso el propio Juan Guaidó que desde 2019, si bien no impuso su propia agenda, facilitó la imposición de la estrategia diseñada por Leopoldo López, líder de su partido, Voluntad Popular, y su padrino político.
La gestión en números
En el lustro que está por culminar se aprobaron apenas 31 leyes, todas anuladas por el Tribunal Supremo; 401 acuerdos parlamentarios; 12 sanciones políticas a altos funcionarios del Estado incluyendo a Nicolás Maduro; y más de medio centenar de informes parlamentarios de distinta índole (datos correspondientes hasta el 11 de diciembre de 2020).
Además, en julio de 2017, la AN designó 33 nuevos magistrados del TSJ, la mayoría de los cuales tuvo que marcharse al exilio para evitar ser encarcelados. En los dos últimos años, la plenaria autorizó a Juan Guaidó, presidente de la cámara y presidente encargado de la República (conforme al artículo 233 constitucional), para designar 43 representantes diplomáticos ante gobiernos u organismos internacionales; seis juntas directivas ad hoc de instituciones o empresas del Estado en el exterior; un procurador especial y un contralor especial.
Asimismo, entre 2019 y 2020, la AN acompañó a Guaidó en el nombramiento de comisionados presidenciales para relaciones exteriores, recuperación de activos, desarrollo económico, derechos humanos, para la ONU y la ayuda humanitaria, contra el terrorismo y el crimen organizado, y un coordinador del gobierno interino.
En el último año, la oficina del comisionado para la protección de activos logró identificar activos de la república en el exterior por el orden de 100.000 millones de dólares aproximadamente, en 36 países. De ese monto, alrededor del 40 % pudo ser resguardado por la mencionada oficina, del alcance de la administración de Maduro, a través de medidas excepcionales, litigios y juicios, todo con respaldo del Parlamento.
Reconocimiento, diálogos y acoso
En 2016, 2017 y 2018 la Asamblea fue ganando el acompañamiento de organizaciones internacionales (OEA, Grupo de Lima, Unión Interparlamentaria Mundial, Parlamento de las Américas); a partir de 2019, cerca de 60 países del mundo reconocieron a la AN como interlocutor legítimo de Venezuela a la par que desconocían a Maduro como presidente reelecto.
Ese respaldo a la AN y desconocimiento de las decisiones arbitrarias coordinadas desde Miraflores se ratificó la semana pasada (del 7 al 13 de diciembre) cuando luego de la votación del 6-D, más de 50 países individualmente o en bloque, han ratificado su espaldarazo a la AN electa en 2015 y condenado el proceso electoral por considerarlo ilegítimo.
Y entre 2016 y 2019, fueron representantes de la AN los que encabezaron las delegaciones opositoras en los procesos fallidos de diálogo político con el oficialismo, auspiciados por la comunidad internacional.
Mientras la AN llevaba adelante una agenda centrada básicamente en socavar los cimientos de la administración de Nicolás Maduro para propiciar un cambio de gobierno, 35 diputados de la oposición y un disidente del chavismo fueron objeto de allanamientos ilegales a su inmunidad parlamentaria por acciones orquestadas por el TSJ, la ANC y el Ministerio Público.
Cinco diputados estuvieron presos por distintos lapsos de tiempo —uno de ellos se mantiene preso en su casa— y una veintena se fue al exilio.
Desde el 30 de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo de Justicia emitió 143 sentencias violatorias de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, según el registro de Crónica.Uno cruzado con el registro de la ONG Acceso a la Justicia hasta el 11 de diciembre de 2020.
Desde agosto de 2016, el Ministerio de Finanzas suspendió el pago de sueldos a los diputados en represalia por sus acciones políticas y parlamentarias. Meses después también cesó la transferencia de fondos para el sostenimiento de la AN y retiraron los beneficios sociales y salariales a sus trabajadores. En el primer cuatrimestre de 2020, la AN creó un fondo para el sostenimiento del gobierno encargado (incluyendo el pago de sueldos a los diputados) con recursos provenientes de los activos protegidos en Estados Unidos.
2016: Desacato, revocatorio y diálogo (parte 1)
La intromisión del TSJ en el funcionamiento de la AN, en una estrategia públicamente orquestada con Miraflores y el PSUV, inició el 30 de diciembre de 2015, una semana antes de la instalación de la nueva Legislatura; todo con miras a impedir que la oposición ejerciera su mayoría constitucional de dos tercios. El TSJ anuló las credenciales parlamentarias a tres diputados opositores, luego ordenó su desincorporación de la cámara y finalmente urdió la tesis del desacato.
El desacato se convirtió en el punto de apoyo de la administración de Maduro para anular la efectividad constitucional del Parlamento el resto de los cinco años.
Solo en 2016, el TSJ dictó 41 sentencias contra las atribuciones, integración y decisiones de la Asamblea.
Del otro lado, el mandato de Henry Ramos Allup se caracterizó por la confrontación verbal y práctica con el oficialismo. Su discurso altisonante caló de inmediato en una oposición ávida de un cambio rápido en Miraflores, pero al mismo tiempo chocó contra el pilar principal que sostiene a Maduro: los militares, quienes lejos de sentirse invitados a apoyar un cambio político, se sintieron amenazados y cerraron filas en torno a su comandante en jefe.
La imposibilidad de Ramos Allup de liderar a la oposición hacia el consenso, junto con el secretario general de la MUD, Jesús Torrealba, se tradujo en la incapacidad para fijar una ruta aglutinadora para “salir de Maduro”. En lugar de eso, en 2016 la Asamblea y la MUD presentaron al país tres vías de escape: el revocatorio (impulsado por PJ), la reforma constitucional (defendida por UNT) y el abandono de cargo (avalado por AD y VP). Los esfuerzos se diluyeron mientras el CNE y los tribunales trucaron sin aspavientos el revocatorio.
Hacia el último trimestre de ese año se instaló una Mesa de Diálogo que no dio frutos porque Maduro incumplió los acuerdos firmados ante el Vaticano. El Palacio Legislativo fue asaltado por una turba de seguidores del PSUV. La AN declaró la responsabilidad política de Nicolás Maduro en la crisis venezolana. Y se dieron los primeros atropellos a las atribuciones de la AN: el Ejecutivo aprobó el presupuesto de 2017 sin pasar por la Asamblea y el TSJ intervino en la conformación del CNE al ratificar en sus cargos a dos rectoras.
2017: protesta, Consulta Popular (parte 1) y diálogo (parte 2)
Julio Borges llegó a la presidencia de la AN con un discurso orientado a la búsqueda de reconectar a la AN con la gente (impulsa la ley de propiedad de las casas de Misión Vivienda) y reconstruir la unidad opositora.
Se propuso establecer espacios mínimos de comunicación política con el chavismo, pero sus intenciones se diluyeron en las últimas horas de marzo de 2017 cuando el TSJ dictó dos sentencias que, de un zarpazo, terminaban de arrasar con las potestades constitucionales de la AN.
Entonces Borges puso al Parlamento al frente de la protesta de calle contra “la ruptura del orden constitucional”. La represión llegó a su máxima expresión durante los tres meses siguientes: 87 venezolanos (49 de ellos entre los 14 y 25 años), fueron asesinados por fuerzas del orden y civiles armados proMaduro, según el registro llevado entonces por el diario El Nacional.
La represión política también alcanzó la cúspide: Maduro convocó una Asamblea Constituyente violando el procedimiento legal y reglamentario, que a la postre actuaría como Parlamento paralelo y eje de la persecución penal contra los diputados (las dos primeras víctimas fueron Germán Ferrer y Freddy Guevara). Borges respondió con la convocatoria a una Consulta Popular que pese a haber logrado una participación altísima, sus resultados quedaron en el aire sin ser escuchados por el poder. La crisis de autoridad de la AN ante el país generó la primera fractura de la fracción de la unidad: los diputados de Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo y Convergencia se deslindaron y crearon su propia fracción parlamentaria.
Aunque Ramos Allup ya había adelantado los primeros contactos con la OEA, fue en 2017 cuando se desarrolló la diplomacia parlamentaria que puso a los diputados opositores al frente de una intensa agenda de reuniones y denuncias internacionales sobre la crisis de Venezuela: surge el Grupo de Lima como alternativa a la ineficacia práctica de la Carta Democrática de la OEA.
2017 cerró con el inicio de un nuevo proceso de diálogo auspiciado ahora por República Dominicana y otros cuatro países de la región. El proceso se trancó en febrero del año siguiente cuando llegó el punto de acordar las condiciones para una elección presidencial auditable y transparente. Nuevamente la delegación de Maduro frustró los acuerdos y Borges tuvo que exiliarse en Colombia.
2018: trabajo político, Frente Amplio y baja popularidad
Omar Barboza llegó a la presidencia de la AN conforme a la rotación acordada en 2015, pero no producto del consenso de su propio partido, sino ungido por Manuel Rosales.
El nombramiento de Barboza pasó por encima de liderazgos más jóvenes pero con amplia trayectoria parlamentaria como los de Delsa Solórzano —que al final de ese año funda su propio partido— y Enrique Márquez.
Derrumbadas las negociaciones de Dominicana, el Consejo Nacional Electoral convocó las elecciones presidenciales para abril —serían finalmente en mayo— en una jugada política alineada con el PSUV. Barboza calificó el evento como una “farsa electoral” y lideró el llamado de la Asamblea Nacional a no participar en los comicios. Pero a la par, ni él, ni la AN, ni la MUD, que daba sus últimos estertores, ofrecieron al país una acción política alterna a la abstención.
¿El resultado? La desesperanza ciudadana subió proporcionalmente a la impopularidad de la Asamblea.
Barboza se había comprometido a elaborar, discutir y aprobar cerca de 30 leyes ese año, que se almacenarían en un “banco de leyes para la restauración de la democracia”. Al cierre del año solo se habían aprobado seis leyes. Lo que sí logró fue abrir las puertas de la Asamblea Nacional a los voceros de diversos sectores de la vida nacional. Dirigentes sindicales, víctimas de violación de derechos humanos, ONG, estudiantes, empresarios, campesinos, trabajadores, médicos, profesionales de diversas áreas, académicos, todos pudieron ejercer derechos de palabra en las plenarias para exponer sus reclamos y propuestas ante la crisis.
Con ese mismo espíritu, Barboza coadyuvó a la conformación del Frente Amplio Venezuela Libre, como una plataforma de lucha política que integraría a los partidos políticos con organizaciones de la sociedad civil, para diseñar una agenda común de lucha política. Pero nuevamente los partidos pretendieron cooptar ese espacio y a la larga el Frente tampoco rindió resultados.
En el segundo semestre de 2018, AD y La Causa R se separaron de la fracción parlamentaria y de la MUD, lo que marcó la muerte de la coalición política. Barboza no pudo hacer nada para impedirlo; tampoco el jefe de la fracción de la oposición ese año, Juan Guaidó.
2019: presidente encargado, rebelión fallida y diálogo (parte 3)
Correspondió el turno de presidir el Parlamento a Voluntad Popular. Ninguno de los aspirantes naturales del partido estaba disponible: Freddy Guevara, asilado en una embajada; Luis Florido separado del partido desde mediados de 2018; Gaby Arellano en el exilio y Francisco Sucre sin fogueo político ni disposición a asumir tal responsabilidad. El siguiente en la fila: Juan Guaidó.
La gestión de Guaidó inició con ímpetu el mismo 5 de enero, con el lanzamiento de una ruta de tres pasos: buscar el cese de la usurpación encarnada por Maduro, instalar un gobierno de transición y convocar a elecciones presidenciales libres. Y el 23 de enero, en una decisión aclamada por muchos pero que a la vez sorprendió incluso a diputados de la oposición, Guaidó se juramentó como presidente encargado de la República invocando el artículo 233 constitucional.
Por esa decisión su entorno fue perseguido ferozmente y él fue objeto de seis juicios penales, además del allanamiento inconstitucional a su inmunidad. Pero al mismo tiempo, la esperanza en un cambio reavivó a la oposición. El reconocimiento internacional al anuncio fue instantáneo, con Estados Unidos como el principal aliado.
En febrero de 2019, la AN aprobó el inédito Estatuto para la Transición, una especie de norma de rango constitucional amparada en los artículos 333 y 350 de la Carta Magna, que crea un régimen híbrido parlamentario-presidencialista mientras se logra una elección presidencial libre.
Cinco hechos marcaron la gestión de la AN en 2019:
- El intento fallido de ingreso de la ayuda humanitaria en febrero.
- El llamado fallido a rebelión militar contra Maduro en abril que generó una nueva ola de persecución penal masiva contra una veintena de diputados.
- El nuevo proceso de diálogo, también fallido, iniciado en mayo bajo el auspicio de Noruega.
- El retorno de la bancada del PSUV al Hemiciclo en septiembre, luego de dos años de ausencia, para incorporarse al Comité de Postulaciones Electorales que luego sabotearían.
- La olla de corrupción de diputados opositores y los sobornos del oficialismo para mermar el apoyo a la reelección de Guaidó para el año siguiente (Operación Alacrán).
2020: pandemia, macutazo y Consulta Popular (parte 2)
Guaidó repite en la presidencia de la AN pero con su popularidad mermada, la oposición completamente dividida, una pandemia y elecciones presidenciales en países aliados que amenazan la continuidad de algunos apoyos.
La Operación Alacrán logró su cometido. En paralelo a la directiva encabezada por Guaidó, el 5 de enero el PSUV respaldó la integración de una directiva integrada por tres diputados disidentes de la unidad. Esa directiva fue validada por los cuatro poderes públicos alineados con el PSUV y desde entonces es la única que tiene acceso al Palacio Federal.
La AN legítima encabezada por Guaidó realizó sus sesiones de manera itinerante hasta marzo, cuando la declaratoria de pandemia y cuarentena por la COVID-19 llevó a los diputados a sesionar de manera virtual.
Algunos de los eventos más resaltantes de este año para el Parlamento fueron: la vinculación de dos diputados opositores (Sergio Vergara de VP y Hernán Alemán de AD), con el “macutazo”; la firma de un convenio entre la Asamblea Nacional de Guaidó y el Ministerio de Salud de Maduro para garantizar la atención a la crisis del COVID-19; y la serie de decisiones del TSJ para imponer directivas a los partidos de oposición, designar un CNE y allanar el camino para afianzar el sistema de partido hegemónico controlado por el PSUV.
Y finalmente, la convocatoria y realización de una nueva Consulta Popular por parte de la Asamblea Nacional, con el propósito de ratificar el rechazo a Maduro, contar a la oposición movilizada y pedir expresamente apoyo internacional para lograr unas elecciones libres.
Hacia 2021
Esta legislatura cierra hoy, 15 de diciembre, su último período ordinario de sesiones e inicia un breve período de sesiones extraordinarias, vigente hasta el 4 de enero próximo.
El Parlamento de mayoría opositora cierra este ciclo con el peso sobre sus hombros de no haber logrado su principal oferta electoral: el cambio de modelo político; mermada en su integridad, con sus diputados perseguidos; y anulada en sus competencias por cinco años de acciones y decisiones coordinadas entre Miraflores, la Constituyente, el Ministerio Público, el TSJ y el PSUV.
Además, la actual Asamblea Nacional se asoma a 2021 con la polémica intención de una parte de sus miembros de mantener su vigencia más allá del 4 de enero, por considerar que el Parlamento emanado de la votación del 6 de diciembre carece de legitimidad, legalidad y de representatividad.
Una posición que no solo acompañan la mayoría del bloque parlamentario de oposición sino que ya ha reunido el respaldo de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y el Bloque Constitucional, además de abogados constitucionalistas de la talla de Juan Manuel Rafalli. En ese camino, y tras los resultados de la Consulta Popular, el próximo paso de los diputados que acompañan a Guaidó es reformar el Estatuto para la Transición de la Democracia amparados en los artículos 333 y 350 de la Constitución, para extender su mandato más allá del 4 de enero próximo.
Artículo publicado en el portal Crónica Uno
Desarrollo editorial: Maru Morales
Concepto: Maru Morales
Redacción de textos: Maru Morales
Edición de textos: Natasha Rangel,
Fotos: Luis Morillo
Infografías: Amadeo Pereiro
Diseño: Lesslie Cavadías
15 de diciembre de 2020
Parlamundi Venezuela 