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Las elecciones parlamentarias en Venezuela se han venido celebrando cada cinco años desde la primera legislatura de la Asamblea Nacional (AN) del año 2000. Sin embargo, para entender el contexto político de la elección del 2020 es necesario examinar el viraje dictatorial del régimen de Nicolás Maduro tras la derrota del chavismo en las elecciones legislativas de 2015.
A partir de diciembre de 2015 el gobierno, conjuntamente con el Poder Judicial y los cuerpos de seguridad del Estado, comenzaron una ofensiva sin precedentes contra la oposición. Este sistemático asedio a la autonomía parlamentaria aceleró el deterioro de las condiciones electorales ya cuestionables para entonces.
Poco después de conocerse los resultados de la elección parlamentaria con la concurrencia electoral más grande de la historia, que otorgaban una mayoría calificada de 2/3 partes de los curules a la oposición, el contrataque presidencial comenzó. El Tribunal Supremo de Justicia sería el principal ariete de este sitio que persiste hasta hoy con 141 sentencias que buscan en su conjunto anular las competencias constitucionales de esta mayoría parlamentaria.
«El Tribunal Supremo de Justicia sería el principal ariete de este sitio que persiste hasta hoy con 141 sentencias que buscan en su conjunto anular las competencias constitucionales de esta mayoría parlamentaria.» Xavier Rodríguez Franco
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Una de las primeras sentencias impugnó sin carga probatoria, derecho a la defensa, ni sentencia firme a los diputados del estado Amazonas. De esta manera, además de cercenar a este territorio de representación parlamentaria se impedía la consolidación de la mayoría calificada, y con ello las facultades constitucionales que tiene este tipo de mayoría en términos de control político. Este ataque, marcaría el resto de sentencias y acciones contra la AN. La juramentación de estos diputados fue la coartada para declarar al parlamento en desacato y con ello anular todas las decisiones y el ejercicio pleno de sus facultades institucionales.
Para 2016, la petición de un referendo revocatorio por parte de la oposición movilizada electoralmente fue despreciada por el Consejo Nacional Electoral con acusaciones infundadas de fraude en la recaudación de firmas. Esto, además de avivar una vez más la crisis de gobernabilidad, renovó la desconfianza en la vía electoral entre ciudadanos y entre dirigentes de la MUD, coalición de partidos ya hoy desarticulada.
El forjamiento de un sistema electoral a medida se convirtió en política de Estado al punto de permitirse una convocatoria electoral inconstitucional, como lo fue la elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, la cual perseguía el propósito de redactar una nueva constitución. Sin embargo, en la práctica sólo se logró imponer un parlamento paralelo a la AN. Esta práctica empleada por el chavismo, cuando algún resultado electoral le ha sido adverso, terminó vaciando el voto de sentido cívico como medio de expresión política y de cambio institucional.
Con esta nueva imposición, continuaría la persecución a los diputados y la sangrienta represión de las más de 6.700 protestas sociales registradas en 2017, al tiempo que la oposición seguía dividiéndose en cuanto a sus estrategias de cambio político. Para las elecciones regionales de 2017 la desmovilización electoral sería inocultable y se profundizaba la división interna entre abstencionistas y electoralistas. Esto llegó a su máxima expresión con la convocatoria presidencial de 2018, la cual estuvo llena de vicios.
La calle ciega del abstencionismo
El abstencionismo opositor actual comenzó a gestarse a finales de 2016 y fue creciendo con el desconocimiento de las elecciones presidenciales de 2018 y la irrupción del gobierno interino de Juan Guaidó en enero 2019.
Las expectativas de una transición democrática y la petición del cese de funciones de un gobierno catalogado como usurpador por aquella cuestionada elección, fue un nuevo marco estratégico para presionar un cambio político apoyado por más de 50 democracias. Con el establecimiento de un cerco diplomático y financiero al régimen de Maduro, la dirigencia opositora consideró que más temprano que tarde se precipitaría un quiebre interno, especialmente entre los cuerpos de seguridad.
Pero la estrategia no funcionó, ni tampoco los intentos posteriores de negociación con el régimen. Por el contrario, este error de cálculo sirvió al chavismo para depurar sus filas de desertores y logró a su vez desarticular a la oposición del único escenario en el que ha sido exitosa: el ámbito electoral.
Tras la expulsión militar de los diputados del Palacio Federal Legislativo en enero de 2020 y la implantación de una nueva junta directiva el chavismo desconoció las competencias de la actual legislatura e impuso nuevas autoridades electorales, un nuevo reglamento, nuevas juntas directivas en la mayoría de los partidos y amplió inconstitucionalmente el número de curules de la AN. Estas acciones ocurren mientras continúa el empobrecimiento acelerado de la población, sigue la migración forzada masiva y crece la vulnerabilidad ante la expansión del covid-19 en un país con un sistema sanitario casi inexistente.
«Cabe destacar que Venezuela cuenta con un amargo precedente en temas de abstención. El retiro de la oposición de las elecciones parlamentarias de 2005 trajo consigo nefastos resultados políticos, económicos y jurídicos, cuyos efectos siguen vigentes.» Xavier Rodríguez Franco
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Cabe destacar que Venezuela cuenta con un amargo precedente en temas de abstención. El retiro de la oposición de las elecciones parlamentarias de 2005 trajo consigo nefastos resultados políticos, económicos y jurídicos, cuyos efectos siguen vigentes. Durante la legislatura 2005-2010 se edificó la arquitectura legal antidemocrática actual y se entregaron todos los mecanismos parlamentarios de fiscalización presupuestaria, lo que permitió la consecuente expansión del expolio y la corrupción chavista.
A pesar de este precedente, la oposición ha reiterado su desconocimiento de las elecciones legislativas de 2020 y ha planteado en su lugar nuevas movilizaciones y hasta una consulta popular. Sin embargo, abstenerse no conducirá a un fortalecimiento de la unidad, ni tampoco ayudará a mantener el respaldo internacional una vez que culmine el mandato constitucional de la oposición parlamentaria en enero de 2021.
Si bien las condiciones electorales actuales no podrían ser peores, la abstención terminaría siendo una calle ciega sin ningún valor estratégico de cara al futuro. Pues aún ante la derrota, el esfuerzo organizativo que implica toda elección podría permitirle a la oposición reconstruir la unidad estratégica perdida, renovar su liderazgo y recuperar progresivamente el respaldo social de una nueva realidad demográfica. De esta manera, podría recalcular sus estrategias ante una geopolítica cada vez más desarticulada y errática sobre la crisis humanitaria venezolana.
«Un nuevo sistema político en el que se controlen hegemónicamente todos los poderes públicos y se mantenga a la nueva oposición tutelada, presa, inhabilitada, exiliada y dividida.» Xavier Rodríguez Franco.
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Por lo pronto, estas controvertidas elecciones legislativas podrían terminar por consolidar la transición hacia un régimen mucho más restrictivo. Un nuevo sistema político en el que se controlen hegemónicamente todos los poderes públicos y se mantenga a la nueva oposición tutelada, presa, inhabilitada, exiliada y dividida. Todo ello ante el padecimiento humanitario producto de un colapso político que hoy luce lejos de resolverse.
Artículo publicado por:
- Latinoamerica 21(Alemania)
- El Universal (México)
- El Observador (Uruguay)
- El Diario (Venezuela)
- Artículo disponible en portugués🇧🇷 y en inglés🇬🇧
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