Por Guillermo D Olmo

Tres sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en solo cinco días han golpeado a la oposición y reabierto el debate sobre el estado de la democracia en el país.

En ese breve periodo, el TSJ nombró un nuevo Consejo Nacional Electoral en el que los afines al gobierno de Nicolás Maduro son abrumadora mayoría y suspendió a las juntas directivas de Acción Democrática y Primero Justicia, dos de las principales fuerzas de la oposición.

El gobierno ha anunciado que antes de que termine 2020 se celebrarán en el país las elecciones parlamentarias que deberán renovar la Asamblea Nacional, la única institución en la que la oposición conserva la mayoría, y muchos analistas interpretan los últimos acontecimientos como un intento de asegurar el triunfo del oficialismo.

El líder opositor, Juan Guaidó, se refirió a las últimas decisiones del TSJ como “atropellos de la dictadura”. Maduro acusó a los opositores de utilizar la Asamblea Nacional para “trabajar contra el pueblo”.

Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima (Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) y el Grupo Internacional de Contacto (Uruguay, Ecuador, Costa Rica, Panamá, España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Portugal y Suecia) rechazaron en diferentes términos las últimas decisiones del TSJ.

¿Qué pasó?

El viernes 12 de junio, el TSJ anunció la primera de sus polémicas decisiones, la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral, cuyos integrantes son casi todos cercanos al oficialismo.

Poco después, juraban sus cargos en la sede del alto tribunal en Caracas, pese a las protestas de la oposición y sus aliados internacionales.

El Consejo Nacional Electoral es una institución clave, a la que corresponde de acuerdo con la Constitución garantizar la imparcialidad de las votaciones. 

Su composición y funcionamiento han sido motivo de enfrentamiento entre el gobierno y la oposición en los últimos años.

La Constitución establece que la elección de sus miembros corresponde a la Asamblea Nacional, pero la falta de acuerdo entre chavistas y opositores había bloqueado su renovación. El TSJ declara ahora el problema resuelto.

El lunes llegaba un nuevo fallo por el que el Tribunal suspendía la junta directiva de Acción Democrática y nombraba al frente de esta histórica formación opositora una nueva cúpula.

24 horas después hacía lo mismo con Primero Justicia, otro de los partidos contrarios a Maduro.

El Tribunal no publicó el contenido de las resoluciones, ni los argumentos legales que justifican la sustitución de la dirigencia anterior por otra vista por la mayoría de observadores como afín al gobierno sin mediar consulta a los militantes. 

Muchos integrantes de ambos partidos se quejaron en las redes, como el que fuera candidato presidencial Henrique Capriles.

¿Por qué es importante?

Cuando en enero de 2019, Juan Guaidó se declaró presidente interino de Venezuela y obtuvo el reconocimiento de la mayoría de democracias occidentales lo hizo invocando su condición de presidente de la Asamblea Nacional y el papel que la Constitución le confiere como tal. 

Aunque desde que la oposición ganó la mayoría, el Parlamento ha perdido casi todos sus poderes y competencias debido a decisiones como la creación de una Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Nicolás Maduro, el gobierno ha repetido que recuperar el control del legislativo es una prioridad, frente al mal uso de la institución del que culpa a la “oposición extremista”.

De acuerdo con la Carta Magna, el mandato de la Asamblea expira a los cinco años y, pese a que sus rivales le reclaman unas presidenciales, Maduro ha repetido que las legislativas serán las únicas elecciones en Venezuela en 2020

Si la oposición pierde la Asamblea Nacional, perderá también una de las últimas parcelas de poder institucional que conserva.

Las últimas decisiones del TSJ alejan también la posibilidad de un acuerdo que desbloquee el largo conflicto político, en un momento en el que los venezolanos sufren los efectos de la pandemia del coronavirus, que ha hecho todavía más difícil la vida en un país que ha visto evaporarse la mitad de su Producto Interno Bruto desde que Maduro llegó al poder en 2013.

¿Por qué actúa ahora el Tribunal Supremo?

Phil Gunson, del International Crisis Group, afirma que “el Tribunal Supremo no actúa de manera autónoma, sino que desarrolla políticas del gobierno”.

Para Eric Farnsworth, analista de Americas Society/Council of the Americas, el chavismo está «sencillamente cooptando por decreto a los partidos opositores”. 

El consultor político Dimitris Pantoulas indica que lo que está ocurriendo revela que “Maduro se siente fuerte porque ya no sufre la presión internacional ni de las protestas en la calle”.

Pese a que la Unión Europea ha empleado un tono más suave sobre la crisis venezolana que el del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y ha abogado insistentemente por una solución negociada, Maduro respondió al comunicado del alto representante para Política Exterior en el que rechazaba la designación de un nuevo CNE: “La Unión Europea que se vaya largo al carrizo”. Una declaración que sugiere que el gobierno tiene ahora poco interés en ningún diálogo.

Pantoulas cree que después del fracaso de la llamada Operación Gedeón, un turbio intento de incursión armada con el que se vinculó a Guaidó, “Maduro se ha convencido de que la oposición no tiene fuerza para sacarlo del poder, menos ahora que Estados Unidos está centrado en sus problemas internos”.

“Maduro rediseña el mapa político de Venezuela simplemente porque puede”, concluye el experto.

Gunson subraya que, en un momento en que los dirigentes opositores debatían si participar o no en las parlamentarias pese a que no ven suficientes garantías, las últimas decisiones del TSJ “dejan sin espacio a los moderados y hacen imposible que acudan a las elecciones”.

¿Qué significa para la democracia en Venezuela?

El martes, Maduro aseguró que «una buena parte de la oposición ha anunciado que participará en las elecciones parlamentarias». «¡Bienvenida!, se están dando garantías extraordinarias para la participación de todos. Bienvenidos, vamos al juego electoral y que gane el que tenga que ganar», dijo.

Sin embargo, los representantes de la oposición llevan años denunciando que en el país se ha instalado una “dictadura”, especialmente después de las presidenciales de 2018, en las que Maduro resultó ganador en medio de las denuncias de irregularidades de sus rivales y de gran parte de la comunidad internacional.

Investigadores de diversas orientaciones llevan años debatiendo sobre la naturaleza del sistema político fundado bajo los gobiernos de Hugo Chávez, mientras en los últimos tiempos cada vez más voces denuncian un deterioro de las libertades públicas y de la situación de los derechos humanos en el país.

El último informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Venezuela señaló que durante al menos una década el gobierno ha aplicado “leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas”.

El informe, rechazado por Maduro como un cúmulo de “falsedades”, documentó “graves violaciones de los derechos humanos”, incluyendo miles de ejecuciones extrajudiciales presuntamente perpetradas por las fuerzas de seguridad. 

Por su parte, el informe de Libertad de Prensa Gobal de Reporteros Sin Fronteras situó al país en el puesto 147 de un total de 180, mientras que el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist catalogó a Venezuela como un “régimen autoritario”. 

Para Pantoulas, las últimas sentencias muestran que “Maduro ha decidido terminar con la última apariencia de democracia”. 

El analista venezolano John Magdaleno, de la consultora Polity, reclama a la oposición “una mayor coordinación estratégica”, algo que tradicionalmente le ha costado forjar. 

El experto urge: “Estamos entrando en una fase aún más represiva”.

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Artículo publicado en BBC Mundo