Segunda parte

Por Alejandro Istúriz. 

Siguiendo con la revisión del accionar de los parlamentos andinos ante la rápida expansión del COVID-19, continuamos con los restantes tres países de la región andina: Perú, Bolivia y Chile. Esto, conjuntamente con el análisis realizado en la primera parte a Venezuela, Colombia y Ecuador nos dará una imagen de conjunto muy necesaria para comenzar a examinar la efectividad de las medidas adoptadas, así como para ponderar la capacidad de respuesta parlamentaria ante una crisis sanitaria y una pandemia sin precedentes.

Perú: Legislatura nacida ya en crisis

La llegada del COVID-19 a Perú coincidió con la instalación de la nueva legislatura del Congreso, el cual vuelve a las labores legislativas tras la disolución perpetrada por el Presidente Martín Vizcarra en septiembre de 2019. El Estado de Emergencia y el confinamiento social obligatorio ya habían sido declarados por el Gobierno Nacional. Es representativo que la gravedad de la emergencia sanitaria vivida en el continente hizo que el acto de instalación del poder legislativo tuviera que darse a puertas cerradas al público para acatar las medidas de aislamiento social. Para aquel momento, la cifra de contagiados a ascendía a 117 casos, habiéndose registrado el primero de ellos solo once días atrás.

Hasta ahora, como era de esperarse tras la disolución del Congreso y dada la popularidad de tal cuestionable medida, la cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo han definido la dinámica parlamentaria. Tras la primera sesión del Congreso, en la cual fue electa la directiva del parlamento, esta emitió un comunicado de respaldo a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para hacer frente a la pandemia en Perú. En este, expresó “su absoluta disposición para trabajar en una sola dirección como Estado”, advirtiendo que “la crisis demanda un solo camino donde políticos (…) y todas las instituciones y ciudadanos seamos parte de un gran equipo al servicio de la Nación”, tal como fue publicado en la cuenta oficial de Twitter del congreso del Perú.

Con nueve toldas políticas haciéndose con los curules del Parlamento y una crisis política subyacente, la construcción de consensos para la atención de la crisis sanitaria y la mitigación de su impacto es un asunto primordial. En la primera sesión del Congreso tras su instalación se acordó facultar al Presidente de la República para legislar en diversas áreas de respuesta a la crisis, dejando de lado la fuerte tensión institucional precedente entre el Ejecutivo y el Legislativo del año 2019.

Si bien el Congreso peruano aún no ha aprobado la legislación telemática, desde el inicio de su periodo de sesiones ha estado ejerciendo sus funciones en la modalidad de Comisión Permanente (en la cual el parlamento se constituye en su directiva general y la de sus comisiones ordinarias), para reducir los riesgos de contagio del COVID-19 entre los congresistas. En este formato, se han abordado numerosas propuestas para enfrentar la crisis desde las perspectivas sanitaria, económica y administrativa. Las más destacadas hasta ahora han sido:

1. Creación de una comisión de seguimiento a las acciones del gobierno contra el COVID-19;
2. Aprobación de una ley que faculta a la Contraloría a ejercer control sobre los recursos de diversas entidades para atender la emergencia;
3. Suspensión del cobro de peajes durante la crisis sanitaria, para evitar el contacto entre agentes del Estado y transportistas;
4. Facilitación a los usuarios del sistema nacional de pensiones a acceder al 25% de su fondo total acumulado, a modo de asistencia económica.

Además de ello, con el sistema comercial peruano a media marcha, al menos cinco proyectos de ley han sido propuestos en el seno del Congreso para dar respuesta a los efectos económicos de la pandemia. Amnistía bancaria y tributaria, facilidades para el pago de obligaciones fiscales, prohibición de la especulación de precios, entre otras, son medidas que figuran en los documentos presentados. Asimismo, es importante mencionar que –tal como lo recuerda la página web del parlamento, por su importancia en este contexto– la modalidad de “teletrabajo” está tipificada en el sistema legal peruano desde 2013, con lo que los trabajadores pueden continuar su ejercicio laboral atendiendo a las directrices de aislamiento social y amparados bajo la ley.

Al momento de redacción de este artículo, el número de contagiados del virus en Perú supera los 5.200 casos, con una cifra de 138 fallecidos. Con este panorama, las figuras del Congreso se manifiestan constantemente en sus redes sociales con un llamado común: cooperación entre todas las esferas y niveles del gobierno.

Bolivia: la elección presidencial tendrá que esperar

Bolivia recibió el COVID-19 en medio de un clima político cargado de expectativas electorales e incertidumbre institucional. Tras la renuncia de Evo Morales y la asunción de la Presidencia Interina por la Vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, la ciudadanía estaba a la espera de la realización de elecciones generales, pautadas por el Tribunal Supremo Electoral para el 13 de mayo. La pandemia del coronavirus trastocó esta agenda política y orientó el trabajo de todas las instituciones bolivianas en una sola dirección: la atención de la crisis.

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia ha jugado un rol protagónico en la respuesta a la emergencia y en el sustento de la estabilidad del gobierno interino mientras atiende la complicada situación. A la par que ratificaba las medidas anunciadas por el Ejecutivo para disminuir el impacto sanitario de la enfermedad en el país, la Asamblea aprobó una Ley para la Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección por el Coronavirus (COVID-19). En dicha ley se determinan mecanismos para disminuir la propagación de la enfermedad y se plasman disposiciones sobre la gratuidad de su tratamiento y la realización de campañas educativas e informativas dirigidas a la población boliviana.

La “cuarentena total” para toda la nación fue declarada por el Gobierno Central el 22 de marzo, cuando la cifra de contagiados del virus ascendía era de 19 casos confirmados. Ante ello, al igual que en casi todos los parlamentos andinos, la Asamblea boliviana –protegiendo la salud de los legisladores– optó por dar legalidad a la modalidad de trabajo virtual, desarrollando un sistema de trabajo telemático acorde a las especificidades del Legislativo.

Hasta ahora, la Cámara de Diputados y el Senado se han abocado a mantener vivo el trabajo del pleno y las comisiones durante la emergencia. Dicha labor ha producido decisiones clave para la respuesta del Estado boliviano a la crisis. Además de las medidas ya mencionadas, el Congreso difirió su agenda preestablecida para dedicarse a la atención de la emergencia. En este contexto, sancionó una ley que prorroga el pago de créditos y servicios básicos, en beneficio de los ciudadanos afectados económicamente por la crisis sanitaria.

Si bien las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo están lejos de disiparse, ante un escenario con 264 casos confirmados y 18 fallecidos hasta el momento, las instituciones se han decantado por la vía menos traumática, que es la cooperación. Entretanto, todo indica que las elecciones tendrán que esperar, por razones de fuerza mayor. Pese a la pronta actuación de la Asamblea, esta no queda exenta de las increpaciones sobre el desenlace a las turbulencias registradas durante el último trimestre del 2019: Fraude electoral, pronunciamientos militares, la renuncia de Evo Morales tras 14 años en el poder y el extendido diferimiento a una convocatoria a comicios en Bolivia ofrecen un escenario de inestabilidad política que amenaza permanentemente la gestión de esta crisis sanitaria . El Presidente de la Cámara de Diputados ha expresado en declaraciones recientes, tras el anuncio de la paralización del calendario electoral, que espera que la emergencia del COVID-19 no sea capitalizada políticamente por ningún sector: “Creemos que la salud de la población está por encima de situaciones políticas o de algún interés que pueda tener alguien”. Resta esperar que sus palabras resulten sinceras y sean acogidas con la mejor disposición por los miembros de este polarizado cuerpo deliberativo y el resto de la sociedad boliviana.

Chile: la complejidad de la emergencia.

Cuando el COVID-19 comenzó a ser razón de preocupación en Chile, el Congreso Nacional se determinó a concentrar esfuerzos para reducir su impacto negativo en la nación. El 3 de marzo se registró el primer caso del virus en Chile. Dos semanas después, con el número de contagiados en alza, la Cámara de Diputados aprobó una serie de acuerdos internos para abocarse a dar una respuesta efectiva a la emergencia, a la par que se tomaron medidas laborales y de higiene para proteger la salud de los parlamentarios. Se convino en concentrar la actividad parlamentaria en aquellos proyectos orientados hacia el alivio de la crisis sanitaria, suspender temporalmente la labor de las comisiones de investigación y programar la realización de dos sesiones semanales, previendo sesionar fuera de su sede en Valparaíso si surgía alguna complicación.

El parlamento tomó un ritmo de trabajo constante frente al COVID-19, armonizando –luego de largas jornadas cargadas de debate–, la Cámara de Diputados, el Senado y el Ejecutivo, en la toma de decisiones conjuntas. En su primera sesión dedicada a abordar la creciente emergencia, la Cámara de Diputados aprobó alrededor de una veintena de resoluciones dirigidas al Ejecutivo y orientadas impulsar las acciones sanitarias, económicas y administrativas necesarias para mitigar los perjuicios de la pandemia a la vida nacional. Entre las propuestas, se hizo un llamado al Presidente para que decretara el Estado de Emergencia, medida que fue asumida al día siguiente a la plenaria. Para el momento, la cifra de contagiados ascendía a 103 casos confirmados. Siguiendo las directrices de distanciamiento social, el Congreso aprobó una semana después un proyecto de ley con el que se facultó a los parlamentarios para continuar ejerciendo sus funciones de manera telemática.

Entre las medidas tomadas por el Congreso para reducir el impacto del COVID-19 en Chile, se encuentran:

1. Prohibición del aumento de precios de aquellos productos médicos y alimenticios relacionados con la prevención y tratamiento de la enfermedad;
2. Aprobación de una ley que regula la modalidad de trabajo a distancia;
3. Sanción de una ley para la protección de los derechos laborales y economía personal de los trabajadores durante la emergencia;
4. Aprobación de una ley para la protección económica de las familias chilenas y las pequeñas y medianas empresas;
5. Solicitud a colegios y universidades para que realicen descuentos en sus mensualidades;
6. Emisión de resoluciones que instan al Ejecutivo a implementar un programa educativo virtual efectivo para los estudiantes de Chile;
7. Solicitud al Ejecutivo de invertir recursos nacionales en la producción agropecuaria;
8. Prórroga de los permisos de circulación, las licencias de conducir vencidas y las revisiones técnicas de vehículos, en tanto la crisis no permite la realización normal de trámites legales.

Es importante destacar que casi la totalidad de las decisiones tomadas para atender la emergencia han sido asumidas por los parlamentarios de manera unánime, tras las rondas de discusión necesarias y las modificaciones implementadas por las comisiones permanentes, el Senado y la Presidencia. Esto demuestra un significativo grado de compromiso respecto a la solución de los problemas de los ciudadanos en la emergencia, pues, pese a las diferencias y tensiones entre las coaliciones políticas en las que se adscriben los legisladores chilenos, estos han desarrollado sus propuestas partiendo de los puntos comunes entre todas las bancadas. La celeridad y el nivel de efectividad de las respuestas dadas es, sin embargo, lo que ahora está en el debate público. Con la cifra oficial de contagiados superando los 5.900 el 7 de abril, el futuro próximo sigue siendo incierto.

Buscando un mayor impacto de las medidas tomadas hasta ahora, hace pocos días la Cámara de Diputados aprobó unánimemente una resolución en la que requería al Presidente la toma de acciones en materia de salud, economía, trabajo y protección social. Entre las medidas figuran la vacunación de otras enfermedades y cuidados médicos para grupos de riesgo, el desarrollo de servicios de asistencia a la infancia y familias, la implementación de subsidios para los trabajadores que dependen de la reactivación económica y la condonación del pago de servicios públicos. Estas medidas han tomado forma de manera concertada sobre un clima de tensión política y gran inestabilidad institucional sin precedentes en su historia contemporánea, tras los violentos y masivos disturbios de los últimos meses del año 2019 y parte del 2020.

Cooperación en tiempos de pandeima y el rol de los parlamentos

No hay fórmulas absolutas en política, pero la inmediatez y gravedad de la emergencia parecen indicar que el escenario más beneficioso para la sociedad ha de ser aquel en el que todos los bandos políticos y las instituciones asuman que la democracia no se trata solo de triunfos electorales, sino de un acto de gobierno consciente y constante, tal como se ejerce la labor parlamentaria, dedicado a la nación y a sus ciudadanos.

En los casos de los países andinos aquí referidos, Perú, Chile y Bolivia, la cooperación ha marcado la pauta en el enfrentamiento de los retos que ha impuesto la crisis. Cuanto más profunda y honesta ha sido –en función del bienestar de la ciudadanía–, ha tenido mejores resultados para reducir el impacto de la emergencia. Entre los aspectos comunes más importantes de esta experiencia regional destacan:

1. No se ha detenido la labor legislativa pese a las tensiones existentes dentro y fuera del parlamento;
2. El debate ideológico y la deliberación de las ideas se ha mantenido, pero no se ha enfrascado en probar “cuáles posturas son mejores”, sino en llegar a acuerdos que den respuestas rápidas a los problemas particulares que enfrenta cada sociedad por efecto de la pandemia;
3. Los parlamentarios han puesto en primer plano la cooperación con el Ejecutivo, pues con ella la efectividad de las medidas asumidas por el Legislativo resulta mucho mayor;
4. La cooperación entre poderes no se ha traducido en una carta blanca para la impunidad, sino en el refuerzo de las medidas de contraloría política y observancia del cumplimiento de la ley.

Tal como lo ha expresado la Unión Interparlamentaria Mundial en un comunicado reciente, hoy los parlamentos son vitales para enfrentar la emergencia global, jugando “un papel vital en el soporte de los esfuerzos nacionales para contener la pandemia” y siendo “claves al legislar para mitigar los efectos de la subsecuente crisis económica y proteger el sustento de la población que representan”. Cuanto más conscientes sean ciudadanos y gobiernos de la importancia del Legislativo en el ofrecimiento de soluciones, mejores serán las relaciones de este con los demás componentes de la sociedad y podrá enfrentar la crisis y sus consecuencias con mayor eficacia. Este ejercicio de consciencia democrática es uno de los mayores retos a los que hoy se enfrentan nuestras sociedades de cara al futuro próximo.