Por Fernando Dworak 

La política es una actividad que despierta pasiones ente quienes tienen ideas fijas sobre cómo se deben tomar las decisiones públicas. Incluso las discusiones pueden subir de tono, pero mientras se respete la integridad del otro eso es normal. En todo caso, los debates se ganan por la solidez de los argumentos que por la sordidez de los insultos.

Bajo este supuesto un régimen democrático debe proveer reglas y procedimientos para desarticular las pasiones en los proceso de toma de decisiones y propiciar el encentro de posiciones contrarias. En una sociedad nadie va a ganarlo o perderlo todo para siempre, por lo que es necesario establecer normas aceptadas por todos para el cambio pacífico de grupos en el poder.

El lugar donde las posiciones se encuentran es en el órgano legislativo. Es posible que sean minoritarias, pero tan sólo con reconocérsele el derecho de palabra se enriquece el debate y se liberan tensiones que podrían estallar en otra parte.

Puede haber casos donde haya partidos antisistema, como el comunista italiano durante la posguerra, o incluso otros que en discurso no reconozcan a un gobierno, como nuestra izquierda en 2006. Tan solo con que acepten sentarse en sus curules están legitimando al sistema, aun cuando sea sólo para obstruir. Las críticas que naturalmente surgen de estas actitudes parten del reconocimiento de que esos grupos pueden actuar de esa manera, debido a que representan posturas de sus votantes.

Sin embargo, un órgano legislativo necesita ciertas garantías para sí y para sus integrantes para que su actuar sea libre. De lo contrario se convierte en el instrumento de una facción. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Veamos este problema con base en sus aspectos institucionales y reglamentarios.

«Un órgano legislativo necesita ciertas garantías para sí y para sus integrantes para que su actuar sea libre. De lo contrario se convierte en el instrumento de una facción. Eso es lo que está pasando en Venezuela» Fernando Dworak

Tweet

¿Qué ha pasado en la Asamblea Nacional?

Comencemos con los hechos. A raíz de los conflictos postelectorales, a mediados de abril el diputado opositor William Dávila fue agredido en el Pleno, debiendo ser hospitalizado. También se le negó el derecho de palabra a los legisladores no chavistas y se les destituyó de las presidencias de comisión a las que pertenecían. Pocos días después se les negaría el derecho de cobrar dieta.

El 26 de abril el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, justificó estas decisiones con estas palabras: “es lógico y coherente, ¿cómo le voy a pagar a un fantasma? Si no trabajan, no van a cobrar, y no trabajan porque no reconocen a Maduro”.

Finalmente el 30 de abril diputados oficialistas agredieron a golpes a opositores. Una de ellas, María Corina Machado, fue pateada por otros en el suelo y sufrió fractura en la nariz. El diputado Julio Borges salió a declarar a los medios ostentando contusiones y sangrado en el rostro.

Horas antes, durante la sesión, Cabello sustentaba otra vez su posición: “Mientras aquí en la Asamblea Nacional no sean reconocidas las autoridades de las instituciones de la República, la voluntad soberana de nuestro pueblo, los señores diputados de la oposición tendrán que ir a declarar a los medios privados de comunicación, pero no a esta Asamblea”.

¿Qué implican las declaraciones de Diosdado?

Como se dijo arriba, un órgano legislativo necesita de derechos para actuar con libertad. El primero y quizás el principal es la libertad de palabra. Es decir, que ningún legislador pueda ser reconvenido por sus votaciones y declaraciones dentro de los procedimientos parlamentarios. Cuando esto se pierde, la asamblea deja de ser autónoma frente a los otros poderes públicos.

Por otra parte también se ha reconocido desde finales del siglo XIX que es necesario dar a un legislador una compensación por sus servicios, también con el fin de garantizar su autonomía. Esto se volvió especialmente importante cuando comenzaron a surgir políticos profesionales.

La existencia de la libertad de palabra no implica que ésta se pueda ejercer de manera irresponsable durante los procesos parlamentarios. Por ello existe un presidente de la mesa directiva, quien otorga el uso de la palabra y llega a aplicar lo que se conoce como régimen disciplinario: castigos a legisladores que obstruyan el desarrollo de las sesiones.

El presidente de la mesa directiva es tan importante que en casi todos los órganos legislativos son seleccionados tras haber construido una reputación de imparcialidad, la cual les da la legitimidad necesaria para cumplir con sus funciones. Lo más recomendable es que labores de la mesa directiva sean distintas a las que desarrollan los órganos de gobierno, como sería la definición de la agenda o el reparto de posiciones políticas.

En Venezuela existe una Junta Directiva, que concentra las labores de la mesa directiva y de un órgano de gobierno. Al ser conformada con el voto de la mayoría de la Asamblea Nacional, está conformada por miembros del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV).

Lo anterior podría ser preocupante en términos de conducción de las sesiones, pero no preocupante si se respeta la integridad y dignidad de los partidos de oposición y sus integrantes. Es decir, si se comportan los actores dentro de los principios y valores de un régimen democrático.

Con lo anterior se puede ver la gravedad de lo que está pasando en Venezuela: un presidente de mesa directiva que, despreciando la función de la oposición en un régimen democrático, está rebajando su función a la de ser un agente de facción. Negar la libertad de palabra, el sueldo de los opositores y aplicar selectivamente el régimen disciplinario hace que el régimen deje de ser autoritario y lo convierta de facto en una dictadura.

Pero eso parece no ser importante para quienes creen que se debe gobernar de cara a la historia en lugar de frente a la sociedad en un esquema de rendición de cuentas.

_______________________

Publicado en Sin Embargo