Por María Pilar García-Guadilla
En el Referéndum por la Reforma Constitucional de 2007 -que fue promovido por Hugo Chávez- se incluían nuevas formas de organización y división político-territorial del país con el supuesto objetivo de “profundizar la democracia participativa y protagónica”; el mismo fue rechazado por la oposición política. Frente a este fracaso, el gobierno impulsó las leyes del poder popular, apoyándose en la aplastante mayoría parlamentaria lograda en 2005, debido a los elevados niveles de abstención resultantes del boicot que hizo la oposición contra el sistema de votación electrónica. La mayoría oficialista aprobó las llamadas leyes del Poder Popular en diciembre de 2009, sin la participación de la oposición política, que las consideró, y las sigue considerando, inconstitucionales
Sorpresivamente, el pasado 10 de febrero de este año, Nicolás Maduro entregó a la Comisión Especial del Poder Popular de la Asamblea Nacional, dos proyectos de leyes para el “fortalecimiento de la comuna como base de organización social y territorial”: la Ley de las Ciudades Comunales y la del Parlamento Comunal. El gobierno cuenta con una abrumadora mayoría parlamentaria debido a la abstención de la oposición en las últimas elecciones, por considerar que tanto el gobierno como el organismo convocante del CNE eran ilegítimos, y que las condiciones electorales no eran competitivas.
En su discurso, Maduro sentenció que “el siglo 21 venezolano se va a decidir con la consigna ‘comuna o nada’. O hay comuna o no hay Patria, o hay comuna o no habrá socialismo, o hay comuna o no hay bienestar y felicidad del pueblo”. Es preciso destacar que las ciudades comunales se conforman por la agregación o asociación de comunas, que las comunas constituyen una deuda moral de gran significación para el chavismo y que tienen un elevado valor simbólico, por haber sido la última encomienda que el presidente Chávez dirigió a Maduro, antes de partir a Cuba ya enfermo. Además, su reactivación resulta clave para el control político del gobierno, en momentos de gran descontento e ingobernabilidad, debido a la compleja crisis humanitaria que vive Venezuela.
Según la propuesta de ley que Maduro entregó a la Asamblea Nacional oficial, “la Ciudad Comunal tiene como propósito fundamental el desarrollo pleno de la democracia participativa, protagónica y el principio de corresponsabilidad en la gestión de políticas públicas, y una nueva institucionalidad del poder popular (…)” (Art. 5) . También se señala que “se les transferirán recursos y competencias”, lo que significa que se creará una institucionalidad paralela, que además de duplicar las funciones del poder público municipal y estadal, traerá como consecuencia la competencia por los recursos, que hoy son sumamente escasos.
Por otro lado, la definición de las ciudades comunales como espacios que fomentan “los valores del socialismo” (art.1), no solo viola el pluralismo político sancionado en la Constitución, sino que podría llevar a excluir a todos aquellas organizaciones y personas que no se definan como “socialistas”, incluyendo a miembros de la propias comunas, que independientemente de su ideología, defienden la autonomía y el pluralismo ideológico de éstas.
Algunas comunas, sobre todo aquellas que han sido exitosas en el manejo de su base económica agrícola – que tienden a estar ubicadas en el medio rural más que en las ciudades- critican la forma autoritaria como se está llevando el proceso. En contraste con lo señalado por Nicolás Maduro de que han sido consultadas todas las organizaciones que componen el poder popular y que se recogieron “600 propuestas”, algunos voceros del poder popular aducen que “participar va más allá de una simple consulta”, y que la convocatoria para elaborar la propuesta de ley, debería venir desde las bases de las organizaciones sociales, y no desde el PSUV, o desde el Ejecutivo, como es el caso.
La falta de financiamiento, que en algunos casos ha desmovilizado a las comunas, así como como el peso que tiene el PSUV en las decisiones sobre la ley, hace entrever la posibilidad de su cooptación política y pérdida de autonomía. En este contexto, la razón subyacente de la propuesta de reactivar las comunas y “crear 2000 ciudades comunales para antes de fines de año”, es asegurar un mayor control político y crear estructuras paralelas. Aquellos municipios y gobernaciones, cuyos resultados electorales terminen favoreciendo a la disidencia interna del chavismo, o a la oposición política, tendrán que competir con “las ciudades comunales”, leales a Maduro.
Si bien el control político a través de la imposición de figuras para-institucionales, ya se viene aplicando mediante Corporaciones, Fundaciones y, en general, el padrinazgo político del PSUV en alcaldías y gobernaciones ganados por la oposición, ahora, la Asamblea Nacional -que la oposición no considera legitima- pretende controlar definitivamente estos espacios, creando una nueva división político-territorial de carácter “socialista” y bajo el control del PSUV. De hecho, otra de las razones subyacentes por las cual se desempolvaron estas dos propuestas de ley, es la cercanía de las elecciones locales y estadales, donde pudieran participar no solo la oposición, sino también algunos de los antiguos aliados políticos del gobierno como el PCV y otras organizaciones políticas con arraigo local, que son ahora críticos y competidores, en estos espacios de representación.
Además, la puesta en escena del Poder Popular ocurre en momentos en que la mayoría de las organizaciones que lo componen -sobre todo los consejos comunales y las comunas- están desmovilizados debido a la falta de financiamiento, o se encuentran abocados al desempeño de tareas asistenciales y clientelares, como la distribución de las bolsas de alimentos CLAP. En este contexto de debilidad, estas leyes sobre las Ciudades Comunales y el Parlamento Comunal son formas encubiertas de instrumentalizar y movilizar a los sectores populares, a través de las organizaciones sociales que el mismo gobierno promovió en el pasado, con el fin de fagocitar los espacios comunitarios y reactivar su tan necesitado capital político-electoral. Finalmente, estas leyes que pueden significar la estocada final a la democracia representativa inscrita en la Carta Magna, más que estimular la participación protagónica, la coartarán creando “guetos” donde los que no comulguen con las ideas socialistas y, más concretamente, con el PSUV, quedarán afuera de estas ciudades “ideológicamente amuralladas”.
Publicación original Efecto Cocuyo
Parlamundi Venezuela 