GESTIÓN PARLAMENTARIA BAJO LA LUPA | INVESTIGACIÓN 2 DE 3

Por Maru Morales

El Fondo para la Liberación contemplaba gasto social y de funcionamiento del gobierno interino, pero aún no se sabe cómo se gastó. La denuncia de supuestos sobornos para la recuperación de activos y la contratación anómala de escritorios jurídicos no fueron sancionadas por la AN. Casos como los de Petropar, CRA y la Operación Gedeón volvieron a poner en entredicho la integridad de los funcionarios del gobierno encargado.

Un total de 104 millones de dólares administró el gobierno interino encabezado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a lo largo del año 2020. Al día de hoy el parlamentario electo por La Guaira no ha rendido cuentas públicas del uso y destino de esos recursos.

El Fondo de Liberación Nacional, que fungió en realidad como un presupuesto de funcionamiento del gobierno encargado, alcanzó la cifra de 80 millones de dólares, incluidos 14 millones de dólares para la operatividad mínima de la Asamblea Nacional.

Mientras que los recursos totales aprobados entre 2019 y 2020, primero para la “defensa judicial de Pdvsa” y que luego se convirtieron en el Fondo de Litigios, ascendieron a 24 millones.

En la segunda entrega de esta investigación especial titulada Gestión bajo la lupa, Crónica.Uno registra además del manejo de los Fondos, las principales denuncias de presunta corrupción que se conocieron en 2020 y cómo respondieron ante ellas tanto el gobierno encargado como la Asamblea Nacional.

Fondo de litigios encriptado

Encriptar: ocultar datos. El primero octubre de 2019, la Asamblea Nacional autorizó a Pdvsa el uso del “dinero disponible a su favor en Estados Unidos hasta por dos millones de dólares”, para el pago de honorarios profesionales asociados a la defensa legal de sus activos.

Mes y medio después, el 19 de noviembre, la plenaria aprobó el acuerdo de creación del Fondo Especial de Litigios, que quedaría conformado por “los recursos disponibles en cuentas bancarias en el extranjero a favor de la República, el BCV, Pdvsa y demás entes descentralizados”.

Ese mismo acuerdo autorizó al BCV a utilizar 2 millones de dólares de sus propias cuentas en el exterior para la defensa de sus activos y reiteró a Pdvsa que los fondos que le había aprobado en octubre —de los cuales ya quedaban 1,5 millones y sin ofrecer explicación de cómo se gastó el otro medio millón— debían ser únicamente para la defensa de sus activos. El acuerdo ordenaba además crear una comisión técnica encargada de “garantizar el uso adecuado de los recursos del Fondo”.

Dos meses pasaron, llegó enero de 2020 y no solo la comisión técnica no había sido designada sino que ahora Guaidó pedía a la AN una nueva autorización, esta vez para ampliar el Fondo de Litigios hasta 20 millones de dólares. Primero Justicia, que presidía la comisión de Finanzas en la persona de Alfonzo Marquina, así como la fracción 16 de Julio, salvaron su voto.

En la sesión, Marquina pidió diferir el punto para “desarrollar mejor el proyecto, las funciones de la comisión y las funciones de control previo y posterior”. Pero el voto salvado PJ reclamaba que aún no se había designado la comisión técnica que verificaría el manejo de los recursos rescatados, que la AN no había designado todavía al contralor especial, pendiente desde junio de 2019, y que a la fecha no se sabía cómo se habían manejado los 3,5 millones de dólares (en realidad 4 millones) autorizados entre octubre y noviembre.

El reclamo causó un nuevo roce con el procurador especial José Ignacio Hernández (que se sumaría al reclamo por la estrategia aplicada frente los tenedores del Bono 2020, recogida en la primera entrega de esta serie). El funcionario puso el cargo a la orden aunque terminó ocupándolo hasta junio. En la primera sesión de febrero de 2020 se designó la comisión técnica del Fondo de Litigios, mientras Hernández publicó por esos días su informe de gestión de 2019. Allí reveló que había contratado bajo la modalidad de pro-bono a por lo menos ocho escritorios de abogados y un asesor jurídico para la defensa de los activos venezolanos, además de “nuevas firmas para casos complejos”.

En el informe que la comisión de Finanzas, ahora presidida por Carlos Paparoni (PJ), presentó hace un par de semanas ante la comisión Delegada de la Asamblea Nacional, la instancia determinó que esas contrataciones de Hernández se hicieron sin tener un presupuesto asignado para ello y sin autorización del Parlamento, contrariando el Estatuto para la Transición.

¿Se conoce la administración detallada del Fondo de Litigios? ¿Hay alguna persona sancionada por la contratación abogados “sin disponibilidad presupuestaria y sin verificación de los requisitos jurídicos para ello” tal como lo señala el informe de la comisión de Finanzas? No y no. Hasta el momento no se ha presentado cuenta pública del Fondo de Litigios. Ni sus resultados operativos (juicios ganados/perdidos, activos recuperados/no recuperados) ni su balance financiero: no se sabe cuánto se le pagó a cuales escritorios jurídicos a lo largo de 2020.

Llama la atención que en su informe, la comisión de Finanzas no concluya la existencia de responsabilidad política del procurador especial. El informe ni siquiera insta a la Contraloría Especial a iniciar una investigación administrativa, sino que resuelve el entuerto recomendando ampliar el Fondo de Litigios.

Para pagar la deuda generada por la defensa de activos del BCV, se autoriza al banco estatal a desembolsar 1.053.052,86 dólares; y para el pago de la deuda por la defensa de activos de Pdvsa se autoriza a la empresa a desembolsar otros 7.560.544,46 dólares.

Hasta el momento, el contralor especial, Juan Pablo Soteldo, tampoco se ha pronunciado sobre estos hechos de manera independiente; ni ha respondido una solicitud de información pública remitida por Crónica.Uno el 25 de enero de 2021 por correo electrónico, sobre asuntos de su competencia.

El Fondo para la Liberación en tres tiempos

El 28 de febrero de 2020 el Parlamento le dio a Juan Guaidó el marco legal necesario para que el gobierno interino manejara recursos del Estado. Pero no lo llamó “presupuesto del gobierno encargado” sino Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital.

El 15 de abril siguiente se dividió el Fondo en siete partidas que se ampliarían a 10 en agosto cuando el Departamento del Tesoro de EE. UU. autorizara una nueva licencia para gastos específicos que no estaban previstos en el proyecto inicial. Entre ellos el bono Héroes de la Salud y uno de nominado “deudas del Poder Legislativo”, es decir, los salarios de los diputados que no cobraban desde 2016.

El 17 de septiembre de 2020 la comisión de Finanzas presentó la nueva estructura del Fondo para la Liberación de Venezuela (Crónica.Uno obtuvo la tabla de distribución del gasto en digital), manteniendo siempre el monto global de 80 millones de dólares:

• $45,8 millones para programas sociales.
• $14 millones para Asamblea Nacional.
• $476.850 para Contraloría Especial.
• $1,2 millones para Magistrados en el exilio.
• $7,6 para Asuntos Exteriores.
• $4,5 para Comunicaciones.
• $1,7 para Presidencia, procuraduría, junta directiva y comisión delegada.
• $65.000 para el BCV.
• $3,7 millones para Consejo de Administración del Gasto.
• $823.650 para rectificaciones presupuestarias.

El artículo 315 constitucional dice que «el Poder Ejecutivo, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del ejercicio anual, presentará a la Asamblea Nacional la rendición de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente a dicho ejercicio». En el caso del gobierno interino, ese Poder Ejecutivo estaría integrado por las comisiones presidenciales que ha designado Guaidó desde 2019 (relaciones exteriores, derechos humanos, recuperación económica, etcétera).

Primero: Gasto social sin detalles

La partida de gasto social incluyó los recursos ya entregados para ese momento a la OPS ($10 millones) y Cruz Roja ($4 millones); el programa Héroes de la Salud ($18,8 millones) que se terminaría implementando entre septiembre y noviembre de ese año; y $ 4,5 millones para atención de casos de riesgo vital, además de una categoría llamada “campaña elecciones presidenciales libres” que recibió $8,4 millones de dólares.

¿Qué sabe de la ejecución de estos gastos? Poco o nada. Por ejemplo, la comisión de la AN encargada del programa Héroes de la Salud, integrada por los diputados Manuela Bolívar (VP), Juan Velazco (AD) y Marco Bozo (PJ) no informó cuántos de los 62.000 venezolanos seleccionados para recibir 100 dólares mensuales por tres meses, recibieron la transferencia.

De hecho, el 24 de septiembre de 2020 Guaidó dijo que para ese momento 45.000 profesionales de la salud habían recibido el aporte y que otros 7000 beneficiarios no habían podido registrarse en la billetera digital. Pero no aclaró en qué situación estaban los otros 10.000 aspirantes. No hubo un balance de cierre del programa para informar de manera oficial y detallada si todos y cada uno de los 62.000 registrados recibieron el aporte. O de no ser así, cuánto dinero sobró y cuál fue su destino. En noviembre, Bolívar participó en un foro donde habló en términos generales del programa.

Tampoco ha habido ninguna información pública sobre el número de beneficiarios por el proyecto de atención de casos de salud de riesgo vital Madre María de San José, para el cual se contaba con 4,5 millones de dólares, ni se ha informado cuánto de ese monto se ejecutó.

Sobre la categoría de “campaña elecciones presidenciales libres” no hay información. Se podría suponer que fueron recursos utilizados para la consulta popular del 12-D. Sin embargo, no es posible afirmarlo porque a pesar de la insistencia de la prensa, ni Guaidó ni el comité organizador de la consulta accedió nunca a explicar el costo y financiamiento de ese proceso.

El comisionado presidencial para la ayuda humanitaria y representante ante la ONU, Miguel Pizarro, ofreció varias ruedas de prensa para informar el avance de los acuerdos con la OPS y la Cruz Roja, aunque insistió en que los fondos no eran distribuidos por su oficina sino por las dos organizaciones internacionales.

Segundo: órganos adscritos a la presidencia interina

De la ejecución presupuestaria de los órganos del gobierno interino tampoco se ha rendido cuenta. No se sabe en qué ha usado sus recursos la Contraloría Especial, que a estas alturas, por ejemplo, no tiene ni siquiera una página web o una cuenta Twitter por dónde conocer sus actuaciones. Los magistrados en exilio tampoco han presentado una memoria y cuenta de sus actividades, de cuándo recibieron los recursos ni de qué manera los emplearon.

El comisionado presidencial para las relaciones exteriores, Julio Borges, que coordina el trabajo de poco más de 40 representantes diplomáticos no ha informado todavía cómo ejecutó los 7,6 millones de dólares que le fueron asignados el año pasado.

Tampoco la Procuraduría Especial, en manos del profesor de derecho constitucional de la UCV, Enrique Sánchez Falcón, desde junio del año pasado ha publicado su memoria y cuenta.

Otros entes como las juntas ad hoc del BCV, Pdvsa, Citgo, CVG, Pequiven, PDV Holding, Monómeros no han presentado públicamente los informes de su gestión correspondiente a 2020, más allá de las comparecencias que tuvieron a mediados del año pasado ante la AN. Y como se mencionó en la primera entrega de esta serie, el propio Guaidó no ha rendido Memoria y Cuenta ni en 2019 ni en 2020.

Tercero: Asamblea Nacional no da el ejemplo

El Fondo para la Liberación le asignó a la Asamblea Nacional 14 millones de dólares. Dentro de ese monto se cuentan $1.182.430 autorizados por el Departamento de Estado de EE. UU. «para deudas del Poder Legislativo incluyendo salarios de 2016 y 2017 de 192 diputados principales y suplentes».

Pero Juan Guaidó, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, ni la comisión de Finanzas como principal órgano de control de esos recursos, han informado sobre la ejecución de ese monto ni sobre la compensación salarial a los parlamentarios. Por ejemplo, no quedó claro para la opinión pública si dentro de los 14 millones de dólares se dispondría una parte para deudas con los trabajadores de la AN, o si se destinaría al alquiler de locales para su funcionamiento (ya que el PSUV y la GNB bloquearon definitivamente el acceso a la oposición desde enero de 2020), o si parte de ese dinero se usaría para sufragar los traslados de los diputados dentro de Venezuela.

El 21 de agosto, al día siguiente de la licencia americana, Guaidó solo dijo que cada diputado principal recibiría $200 dólares mensuales desde 2016 hasta 2017 y cada suplente, $160 por el mismo lapso. No se sabe en qué fecha se hicieron los pagos, quiénes son los diputados principales y suplentes que entraron en la lista, o al menos cuántos principales y cuántos suplentes recibirían el pago. No se sabe si se benefició por igual a los que estaban en el exilio y dentro del país, o si las familias de los fallecidos (caso de Hernán Alemán que murió en julio de 2020) podrían recibir la compensación en su nombre. O en caso de no ser así, a dónde iría a parar ese monto.

Ni siquiera se puede calcular con precisión lo que recibiría cada diputado, porque, como se sabe, ellos cobraron su sueldo de manera normal entre enero y julio de 2016, pero el anuncio era que la compensación cubriría 2016 y 2017: ¿cubriría los 12 meses de 2016 o solo 6 meses de ese año? No se aclaró.

La Operación Gedeón no se investigó en la AN

El 26 de marzo de 2020, el general venezolano retirado y radicado en Colombia, Cliver Alcalá, fue incluido en la lista de los más buscados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ese día, en una entrevista con La W Radio, Alcalá reveló que él lideraba un complot con participación de mercenarios estadounidenses y conocimiento de integrantes del gobierno interino de Guaidó (J.J. Rendón) para introducir armas a Venezuela.

El domingo 3 de mayo de 2020, el ministro del Interior de Nicolás Maduro, Néstor Reverol, informó sobre un intento de invasión armada desde las costas de La Guaira. Ocho personas fueron asesinadas en el enfrentamiento por efectivos de las FANB, las FAES y la PNB. Al día siguiente anunciaron otro intento similar por Aragua, sin bajas. En total 23 personas fueron detenidas. La respuesta inicial del gobierno interino fue calificar el suceso como un montaje de Maduro y un falso positivo.

El mismo 3 de mayo circula el vídeo de un capitán venezolano (Javier Nieto Quintero) y un exmilitar estadounidense (Jordan Goudreau) quienes reivindican los hechos y en la noche Goudreau declara en el programa de Youtube de Patricia Poleo, que su empresa (Silvercorp) fue contratada por el gobierno de Juan Guaidó. El gobierno de Guaidó lo niega.

En sendos vídeos publicados en sus redes sociales el 4 y el 12 de mayo, el diputado Hernán Alemán (AD-Zulia) admitió su apoyo a la Operación Gedeón; un par de meses más tarde falleció. Los principales partidos de la oposición firmaron un comunicado en rechazo “a las salidas violentas” y contra el uso de mercenarios o paramilitares para propiciar un cambio político, pero eso no se tradujo en ninguna investigación desde la AN. A pesar de que fue una de las peticiones expresas que hiciera Primero Justicia, junto con la destitución de los comisionados presidenciales de Estrategia y Crisis, el diputado Sergio Vergara y J. J. Rendón.

El 6 de mayo, el diario estadounidense The Washington Post publicó el supuesto precontrato entre el gobierno interino, a través del comisionado presidencial para Estrategia y Crisis, J. J. Rendón y Silvercorp. Ese día, Rendón admitió en una entrevista de televisión que había firmado un preacuerdo (en septiembre de 2019), pero que al presentarle la propuesta a Guaidó, este la descartó. El 11 de mayo de 2020, los comisionados presidenciales renunciaron a sus cargos.

Nueve días después de los hechos, Guaidó ofreció una rueda de prensa en la que respondió con evasivas o expresiones generales las preguntas más incisivas. No dijo si la AN investigaría a los diputados Vergara y Alemán ni fijó la posición del Parlamento frente a las acciones de dos de sus miembros. Tampoco respondió si Vergara y J. J. Rendón actuaron a sus espaldas.

¿La AN o el gobierno interino abrieron alguna investigación interna sobre la Operación Gedeón? No. No se investigó un mes antes de los sucesos, cuando Alcalá dijo lo que estaba preparando; ni se investigó a partir del hecho, cuando un estadounidense dijo haberse reunido con representantes del gobierno interino; ni se investigó cuando dos diputados y un colaborador de Guaidó aparecieron relacionados con el intento de ingresar armas a Venezuela; ni cuando uno de los partidos de la coalición opositora lo solicitó.

Nadie recibió ni siquiera una declaratoria de responsabilidad política. Incluso la salida de Rendón y Vergara del gobierno interino no se presentó como una destitución, sino como una renuncia. Ni siquiera la existencia de 8 fallecidos y 23 detenidos llevó a la comisión de Política Interior (presidida en ese momento por Freddy Valera de AD) a abrir una investigación desde la perspectiva de la defensa de los DD. HH.

Tampoco el coordinador del Centro de Gobierno, Leopoldo López, se dio por aludido cuando una investigación del diario estadounidense The Wall Street Journal dijo, citando varias fuentes, que él estaba al tanto de las reuniones con Silvercorp y que esa no fue la única empresa considerada para diseñar un plan armado.

La buena pro para recuperar activos de Petrocaribe

El 14 de septiembre de 2020, Patricia Poleo denunció que diputados y funcionarios del gobierno interino extorsionaron a una empresa especializada en recuperación de activos, denominada Caribbean Recovery Assets (CRA), a cambio de otorgarle un contrato de rescate de activos de Pdvsa en los países que conforman Petrocaribe.

A los tres días, el fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, abrió una averiguación. De inmediato, tanto la junta ad hoc de Pdvsa como el procurador especial, José Ignacio Hernández, aclararon que ninguno de los dos entes había autorizado la representación del Estado venezolano a CRA ni a otras empresas. Pero Hernández fue más allá y dijo que “en su momento” se opuso “a la irregular forma en la cual supuestamente de le adjudicó (a CRA) la buena pro para recuperar cuentas en Petrocaribe”.

Primero Justica solicitó una investigación de la Asamblea Nacional. Esta vez, contrario a otros casos, la comisión de Contraloría citó a Hernández (9 de octubre) y al comisionado presidencial para la Recuperación de Activos, Javier Troconis. En la interpelación de Troconis, que se realizó el 2 de octubre, llamó la atención la participación del diputado Freddy Guevara (VP), generalmente para avalar lo sostenido por el funcionario interpelado.

El comisionado presidencial admitió haber tenido conversaciones con la empresa y haberles dado la buena pro el 2 de enero de 2020, pero dijo que antes de firmar la contratación detectó que la empresa tenía un expediente de irregularidades y por eso no firmó. Dijo que además pidió a la Procuraduría que notificara tanto a la empresa como a los países de Petrocaribe, que CRA no representaba al gobierno interino.

De la interpelación a Troconis, que fue pública y con presencia de la prensa, quedaron varias dudas:

• La inconsistencia del funcionario al tratar de explicar por qué, sin tener autorización para contratar empresas sin el aval de la AN, dio la buena pro a CRA.
• La incapacidad de Troconis para explicar bajo qué modalidad de licitación (abierta o cerrada) hizo el contrato.
• La falta de explicación de por qué solo escuchó una oferta de servicios.

¿Qué concluyó la comisión de Contraloría? No se sabe. En el informe de gestión de la comisión de Contraloría correspondiente al año 2020, que aparece cargado en la web de la AN con fecha 7 de enero de 2021, la comisión informa que la subcomisión que investigó la denuncia sobre CRA aprobó un informe en su seno (que también contendría una conclusión sobre el caso Petropar, que veremos a continuación). Pero el mismo no fue hecho público, no fue presentado en las plenarias del último trimestre de 2020 ni aparece incorporado en el informe de gestión de Contraloría.

Por otro lado, aunque la interpelación fue pública y evidenció al menos desconocimiento de los procedimientos de contratación, de parte de Troconis, el Contralor Especial nombrado por la AN en mayo de 2020, Juan Pablo Soteldo, tampoco ha anunciado una investigación independiente.

Petropar: escándalo en Paraguay, conformes en Venezuela

Durante la interpelación del 2 de octubre al comisionado para la Recuperación de Activos, la diputada Elimar Díaz (PJ) le dijo a Troconis que además de las denuncias públicas sobre CRA, la comisión había recibido información de la Procuraduría Especial de que había un documento con membrete de la comisión de Energía que se usó como sustento para actuar en una negociación con Petropar. Y le preguntó si tenía conocimiento de ese documento. Troconis dijo que no.

La denuncia sobre Petropar señalaba la supuesta actuación de funcionarios del gobierno interino ante el gobierno de Paraguay, aliado de Juan Guaidó, para intentar el pago de una deuda de la petrolera paraguaya con Pdvsa de unos 268 millones de dólares (más 30 millones de dólares de intereses) que data de los tiempos de Hugo Chávez.

La sospecha de corrupción surgió porque, primero, no todos los aliados internos de Guaidó estaban enterados de la iniciativa y segundo porque la propuesta de pago prácticamente le condonaba a Petropar 100 millones de dólares y establecía una comisión de otros 26 millones de dólares para el intermediario, Sebastián Vidal.

En la interpelación, Troconis admitió que entre octubre y noviembre de 2019 su oficina «fue contactada por Petropar» para presentarle un plan de pago de la deuda. Según Troconis, el plan era el mismo presentado “a la Pdvsa chavista en 2016”. Troconis admitió que se reunió en el Palacio de Gobierno de Paraguay con funcionarios de ese país y que luego de evaluar las condiciones y términos de la propuesta, el gobierno interino decidió declinar, en enero de 2020, por considerarlo desventajoso.

El enlace entre ambos gobiernos habría sido el abogado argentino Sebastián Vidal. De acuerdo a la versión de Troconis, Vidal lo contactó de parte de Petropar. Lo describió como “una persona bien relacionada con la gente del gobierno allí”. Según un medio paraguayo, Vidal es tío del presidente Mario Abdo.

El 2 de enero de 2021, el diario estadounidense The Washington Post, publicó un reportaje en el que documenta el caso Petropar y donde salen a relucir los nombres de Troconis, Vidal y el jefe del gabinete de Paraguay, Juan Villamayor.

Tres días después, el gobierno de Paraguay reconoció que sí hubo un intento de negociación de la deuda, pero aclaró que se hizo por iniciativa de Vidal y Troconis en calidad de representantes de Guaidó. Por otro lado, al igual que el gobierno interino, el gobierno paraguayo confirmó que el acuerdo no prosperó. Pero no porque las condiciones fueran desventajosas para Venezuela, sino porque en la situación dualidad y debilidad institucional de Venezuela, el acuerdo era desventajoso e incierto para Paraguay.

El 21 de enero pasado, Villamayor fue citado por la Cámara Baja del Congreso de su país para explicar la negociación frustrada.

En Venezuela, el caso se despachó con una interpelación a Troconis y a Hernández sin resultados concluyentes, ni averiguaciones administrativas y con un comunicado del gobierno interino.

En Paraguay, uno de los países mejor ubicados en los índices de transparencia y lucha contra la corrupción de la región, desató un escándalo que está a punto de costarle un voto de censura a Villamayor. ¿La razón? No haber informado pública y oportunamente que había iniciado una negociación oficial con otro gobierno para alcanzar un arreglo sobre una deuda de la república.

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Artículo publicado en Crónica Uno