Una vez que el gobierno de Nicolás Maduro conoce la magnitud del rechazo a su gestión y la colosal derrota política que implicaron aquellas elecciones legislativas de diciembre de 2015, no ha habido descanso en el empleo de todos los recursos, legales e ilegales, para minar las facultades y competencias constitucionales de la Asamblea Nacional. Buscar reducir a la mínima expresión a todos los mecanismos de control político que tiene el parlamento, ante el avance autoritario de un gobierno que cada año deja en evidencia su incapacidad política y sobretodo su incomprensión del juego democrático.
Lo cual ha hecho que en estos casi cinco años se hayan registrado agresiones de todo tipo: sentencias judiciales, usurpación de funciones, agresiones militares, persecuciones y hasta un asedio administrativo que además de afectar a los diputados, agrede colateralmente también al personal que trabaja en la Asamblea Nacional.
De esta asfixia administrativa, sin precedentes en la historia contemporánea del parlamento venezolano, poco se ha profundizado en el marco de una confrontación política que se ha centrado en la estrategia de cambio político, pero no ha servido para visibilizar el daño que por razones políticas el gobierno central ha proferido al personal administrativo de un Poder Público que conoce hoy sus horas más aciagas e inciertas de cara al futuro.
En este episodio, contamos con dos valiosos testimonios de quienes viven en primera persona los embates, de este castigo presupuestario que además de restringir los medios materiales para el funcionamiento y mantenimiento de la sede parlamentaria, empobrece a las familias que han trabajado por años en esta institución. Se tratan del colega Christian Rivas Graffe quien es profesional contratado adscrito a la Dirección General de Participación Ciudadana y también de José Vicente Rivero Secretario General del sindicato de trabajadores de la Asamblea Nacional (SINFUCAN).
Con el apoyo de sus comentarios, buscamos conocer el alcance de esta situación tan amarga, lo cual complementaría un ataque integral en contra del último reducto institucional de democracia que le queda por pocos meses al país. Síntoma inequívoco del talante despótico y dictatorial que vive la Venezuela de hoy.
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