Por Antoni Gutiérrez-Rubí.

«El Parlamento ante la crisis» ha sido el título de las XX Jornadas de la reputada Asociación Española de Letrados de Parlamentos, celebradas en el Senado los pasados 25, 26 y 27 de septiembre de 2013. Las Jornadas bien habrían podido llamarse, también, «La crisis del Parlamento», ya que la crisis de legitimidad y confianza que se cierne sobre toda nuestra arquitectura institucional tiene en el poder legislativo un punto crítico. Los datos son incuestionables. El encuentro se celebró, además, en la Cámara Alta que está permanentemente cuestionada, desde la crítica a su rol hasta la incomprensión de su existencia. El Senado zozobra, por indefinición, entre quienes proponen su reforma (en el marco de una reforma constitucional de mínimos o más ambiciosa), y los que proponen suprimir directamente esta segunda Cámara. Y, en medio, en un desierto demoscópico devastador, se abre el más duro −y muchas veces injusto− desdén.

Coincidiendo con estas Jornadas, y tomando un hipotético relevo alternativo desde la sociedad civil, una potente alianza* de organizaciones sociales en favor de la transparencia ha puesto en marcha una sugerente y pedagógica iniciativa política: Senado Transparente, se llama. Presentada, precisamente, el 28 de septiembre pasado, Día Internacional del Derecho a Saber.

La iniciativa consiste en buscar el contacto directo, one to one, con los senadores para hacerles llegar −de nuevo− más argumentos, si cabe, para enmendar la Ley de Transparencia aprobada por el Congreso de los Diputados, tras una larga tramitación parlamentaria que contó, además, con una serie de comparecencias públicas entre las que no estuvieron, lamentablemente, las principales asociaciones en favor de la transparencia en España. Esta Ley es considerada por muchos como una Ley que llega tarde, poco ambiciosa, limitada y restrictiva. La OSCE, en su Informe sobre la Ley, la califica de cosmética. Y se aleja de los 10 principios de la Coalición Pro Acceso basados en los estándares internacionales en la materia.

La iniciativa ciudadana Senado Transparente quiere poner luz y taquígrafos a este último proceso legislativo (el del tramo final en el Senado) para dejar en evidencia (positiva y negativa) a los senadores que aceptan discutir los argumentos y a los que no. Las discusiones buscan fórmulas mixtas de encuentros presenciales y online. Incluso, algunos senadores aceptarán la restransmisión en streaming de las reuniones. La Institución y los partidos representados en ella, en vez de mirar condescendientemente la iniciativa y sentir como latosa e inoportuna su propuesta, deberían estar agradecidos porque alguien −solvente− muestre interés por su trabajo y que, además, quiera aportar y contrastar opiniones y argumentos.

Se trata de explorar nuevas fórmulas para establecer contacto directo con nuestros representantes, y de una alternativa complementaria a las comparecencias legislativas, demasiadas veces encapsuladas en tiempo y forma, sin capacidad verdadera de discutir con nuestros representantes, para convertirlas en el juego −demasiadas veces así percibido− de apariencias y equilibrios entre las fuerzas políticas parlamentarias. Hay que seguir empujando con este tipo de iniciativas para ir, cada vez más, hacia Parlamentos Abiertos.

La mayoría parlamentaria actual, así como el estrecho margen de acuerdos políticos y técnicos sobre el texto articulado no permiten esperar cambios en la Ley durante su paso por el Senado. Pero esta iniciativa merece atención política y mediática: la colegislación se abre paso, con fuerza, como una energía democrática que permite legislar desde la legitimidad política representativa, y la legitimidad política de los expertos y asociaciones del sector, así como del conjunto de la ciudadanía.

Hace meses publicaba, en las páginas impresas de este diario, un artículo con el entusiasta (¿demasiado?) título de «Queremos legislar». Decía (perdón por la cita): «Se impone una renovada alianza entre representantes y representados que supere −profundice, mejore, aumente− la legitimidad por delegación de la arquitectura democrática actual, construyendo gobiernos y parlamentos más útiles, gracias a la cooperación pública». Y afirmaba: «¿Por qué no vamos a utilizar todo el talento disponible en nuestra sociedad para legislar, por ejemplo, favoreciendo la apertura de datos, su accesibilidad, usabilidad y reutilización, con el objetivo de crear ecosistemas públicos para resolver problemas complejos?»

Hay que ir todavía más allá. Nuestros parlamentos son cercados −la otra forma derodear el Congreso− por un nutrido y eficaz lobby económico y social (pendientes de legislación, también) que articulan los intereses de nuestra sociedad frente al regulador. Este círculo de influencia es, junto a la opinión compartida (la nueva forma que adopta la opinión pública en nuestra sociedad), un líquido amniótico democrático de conocimiento y argumentos, de datos e informaciones, que podría revertir en la sociedad en forma de datos abiertos, también, a los que sumar los de las iniciativas parlamentarias. Los parlamentos son Big Data en potencia… y no pasan del Boletín Oficial.

Precisamente, hace un par de días, Evgeny Morozov en su artículo «Regular la batalla por la información», también publicado en EL PAÍS, aseguraba: «Si tuviéramos que rehacer nuestra estructura de información partiendo de cero, nos daríamos cuenta de que el sistema del que disponemos actualmente se presta muy mal a la competición. ¿Cómo podríamos hacer las cosas de un modo diferente? Una opción podría ser la de manejar el ‘gráfico social’ (nuestras muchas conexiones superpuestas con otra gente) como una especie de institución pública, con reguladores estatales que aseguren que todas las compañías tienen igual acceso a esa información crucial».

La iniciativa Senado Transparente es un ejemplo pedagógico de lo que podemos hacer para colegislar en parlamentos abiertos en beneficio del interés común (y del bien común). Articulando legitimidades, evitando la descualificación −y el desdén mútuo− para conseguir prácticas y cultura de participación basadas en una exigente cultura de la transparencia y del dato abierto.

PD: Si eres senador y has recibido una petición de estas organizaciones, responde, por favor. Es lo mínimo. Quieren −y tienen derecho− a que se les escuche. Representar es escuchar. Es la primera condición. Sin ella, no hay nada.

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Antoni Gutiérrez-Rubí es asesor de comunicación pública en España

Publicado en blog Micropolítica de El País.