Por John Magdaleno. El 22 de noviembre próximo pasado, entró en vigencia la Ley de Costos y Precios Justos. El instrumento legal, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.715, de fecha lunes 18 de julio de 2011, estableció en su artículo primero el objeto: “establecer las regulaciones, así como los mecanismos de administración y control, necesarios para mantener la estabilidad de precios y propiciar el acceso a los bienes y servicios a toda la población en igualdad de condiciones, en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población y no del capital”.

En virtud de los impactos que previsiblemente tendrá la ley sobre el sector privado, valdría la pena hacer un análisis de las eventuales motivaciones de fondo que la originaron, así como de algunos de sus más importantes efectos. En esta tarea nos concentraremos a continuación:

El espíritu de la ley: la exposición de motivos.

Con el objeto de emprender nuestro análisis del modo más riguroso posible, sería de suma utilidad intentar registrar cuál es el espíritu de la ley, que se comunica de modo explícito en la exposición de motivos de la misma, de la cual reproducimos la mayor parte. Veamos:

“Los abusos flagrantes del poder monopólico en muchos sectores de la economía han originado que la base de acumulación de capital se materialice en los elevados márgenes de ganancia que implica el alza constante de precios sin ninguna razón más que la explotación directa e indirecta del pueblo. Sabido es que las asimetrías de los agentes en la dinámica económica han derivado en precios altos y en daños incalculables a la economía de los consumidores.

El poder monopólico o monopsónico y la cartelización, se han constituido en la política aplicada, por los empresarios, para dominar el mercado, siendo ellos quienes fijan los precios y condiciones comerciales, que no se corresponde a referentes internacionales, ni obedecen a una estructura de costos justificable.

La generalización de prácticas especulativas produce niveles de inflación exacerbados, que terminan erosionando no solo el poder adquisitivo de la población, sino el potencial de las pequeñas y medianas empresas (PyME’s) y con el comercio minorista, impidiendo el desarrollo económico de alternativas productivas y de mayor número de iniciativas empresariales.

La existencia de precios altos en el mercado de Insumos y en los servicios, reduce la rentabilidad mínima necesaria y resta capacidad para financiar nuevas inversiones. El pago de precios altos por parte de los consumidores reduce la capacidad de adquirir otros bienes o de ahorrar.

Las utilidades que legítimamente podrían obtener las empresas de menor tamaño, o del ahorro que sería posible para los consumidores, son transferidas en forma de precios altos a empresas que realizan prácticas especulativas”.[1]

Varios elementos saltan a la vista tras la lectura de la exposición de motivos. En primer lugar, lo que pareciera constituir el foco de la preocupación del gobierno: la inflación; en segundo lugar, el fenómeno de origen que, en opinión de los redactores de la ley, explica su origen: el poder monopólico, la cartelización y las prácticas especulativas, y; en tercer y último lugar, los actores a quiénes se responsabiliza del fenómeno que preocupa al gobierno: los empresarios.

Dicho de otro modo, según la exposición de motivos de la ley, la inflación sería la consecuencia de “prácticas especulativas”, que incluyen la determinación unilateral, por parte de los empresarios, de “estructuras de costos injustificables” (y, por tanto, de precios extraordinariamente elevados), que terminan afectando tanto el poder adquisitivo de los consumidores como el potencial de las pequeñas y medianas empresas (PyME’s). La cosmovisión se completa cuando se alude a los “márgenes de ganancia”, en cuya base se encuentra el proceso de “acumulación de capital”.

Ni el enfoque ni esta última frase son fortuitos o casuales. Responden a la visión ideológica del gobierno, en la cual resulta indiscutible –aunque en grado variable, dependiendo de los actores que sean considerados- la influencia de Karl Marx. Si esta afirmación le pareciera, estimado lector, una exageración pedagógica, nada mejor que recurrir al propio Marx para que sea él quien lo exponga. En el Tomo I de su obra más importante, El Capital, Marx señaló lo siguiente:

“Como el capital produce todos los años una masa de plusvalía, una parte de la cual se incorpora anualmente al capital originario; como este incremento de capital crece también todos los años al crecer el volumen del capital ya puesto en movimiento; y, finalmente, como bajo el estímulo del afán de enriquecerse, por ejemplo al abrirse nuevos mercados, nuevas esferas de inversión de capitales a consecuencia del desarrollo de nuevas necesidades sociales, etc., la escala de la acumulación puede ampliarse repentinamente con sólo variar la distribución de la plusvalía o del producto en capital y renta, las necesidades de acumulación de capital pueden sobrepujar el incremento de la fuerza de trabajo o del número de obreros…”.[2]

Y más adelante, Marx señala:

“Así como la reproducción simple reproduce constantemente el propio régimen del capital, de un lado capitalistas y de otro obreros asalariados, la reproducción en escala ampliada, o sea, la acumulación, reproduce el régimen del capital en una escala superior, crea en uno de los polos más capitalistas o capitalistas más poderosos y en el otro más obreros asalariados. La reproducción de la fuerza de trabajo, obligada, quiéralo o no, a someterse incesantemente al capital como medio de explotación, que no puede desprenderse de él y cuyo esclavizamiento al capital no desaparece más que en apariencia porque cambien los capitalistas individuales a quienes se vende, constituye en realidad uno de los factores de la reproducción del capital. La acumulación del capital supone, por tanto, un aumento del proletariado”.[3]

Aunque existen muchos más pasajes de El Capital que podrían citarse (o incluso, de los conocidos Grundrisse publicados por el Instituto Marx-Engels-Lenin, IMEL, de Moscú), la lectura y comparación de la exposición de motivos de la ley y estos párrafos de Marx demuestran el parentesco ideológico entre ambos. De modo que, pese a que pudieran existir propósitos coyunturales que la ley buscaría satisfacer -como en efecto se argumentará-, el espíritu de la misma es compatible con el planteamiento ideológico del gobierno de avanzar en la “transición al socialismo”. No perdamos de vista este elemento a la hora de comprender su finalidad esencial.

La ideología como hilo conductor: los documentos de los años 2004 y 2007.

Con motivo de un Taller de Planificación Estratégica celebrado en Fuerte Tiuna en noviembre de 2004, del que existe un documento público elaborado por Marta Harnecker que recoge las intervenciones del Presidente Chávez, éste señaló: “La nueva batalla profunda está comenzando, el enemigo está intacto, ocupando sus posiciones, más allá de las gobernaciones, más allá de las alcaldías, más allá de lo visible, más allá de lo nacional…”[4]; y agregó: “Bueno, entonces no basta para nada eso, tenemos que demoler el viejo régimen a nivel ideológico”.

Poco después, en el marco de tal intervención, el Presidente insistió:

“Por todos lados, la idea, la idea, la idea, la idea, la vieja idea, hay que golpearla, golpearla, golpearla, pero golpearla sin clemencia por el hígado, por el mentón, todos los días, en todas partes, las viejas costumbres. Si no lo hacemos, si no las demolemos, ellas nos van a demoler tarde o temprano y tendríamos que terminar la vida diciendo: Otra vez, pudo Gómez, como gritó Maisanta el día en que murió. Otra vez hemos arado en el mar, otra vez Jesucristo, Don Quijote y nosotros los grandes majaderos de la historia”.

Más adelante, estableció el séptimo objetivo del Plan Estratégico que en esa fecha discutía con los presentes: “Acelerar la construcción del nuevo modelo productivo, rumbo a la creación del nuevo sistema económico”. O dicho de otro modo, tal y como el mismo Presidente lo enunciara: “Trascender el modelo capitalista”: “El objetivo de largo plazo, en lo económico, nadie puede tener duda de ello, es trascender el modelo capitalista. El modelo económico capitalista es inviable, imposible, nosotros los líderes, sobre todo los líderes, debemos tenerlo muy claro”.

Tras esto, el Presidente formuló una llamativa pregunta:

“¿Es el comunismo la alternativa? ¡No! No está planteado en este momento, aquí están los grandes rasgos de la Constitución Bolivariana, del modelo económico social, la economía social, la economía humanista, la economía igualitaria. No nos estamos planteando eliminar la propiedad privada, el planteamiento comunista, no. Hasta allá no llegamos, no. Nadie sabe lo que ocurrirá en el futuro, el mundo se va moviendo. Pero en este momento sería una locura, quienes se lo plantean no es que están locos, no. No es el momento… En este instante, nosotros, a menos que queramos caer en utopía, debemos plantearnos la creación del nuevo sistema económico. ¡Eso no se hace en dos ni en cinco años!, ¡sería una mentira!”.

De estos párrafos resaltan, por un lado, los objetivos explícitos de transformar: a) las principales creencias y valores de la sociedad venezolana (partiendo, en las palabras del Presidente, de la “demolición” de las viejas creencias y costumbres) y, b) el sistema económico imperante; y por otro lado, la conciencia que parecía tener el Presidente Chávez en tal fecha sobre los tiempos o plazos que dicho proceso de transformación involucraría. Nótese que ya en 2004 el primer mandatario indicaba que cinco (5) años no serían suficientes para completarlo.

Por su parte, en la exposición de motivos del Proyecto de Reforma Constitucional presentado por el Presidente Chávez ante la Asamblea Nacional, el 15 de agosto de 2007, se señala lo siguiente:

“Para construir un nuevo orden con preeminencia del ser social colectivo, es necesario superar los obstáculos generados por las relaciones sociales capitalistas, manifestados en la imposición de los intereses de las minorías por encima de los intereses del poder originario, la concentración de la propiedad en pocas manos, la dificultad política para democratizar el poder, una institucionalidad que propicia el establecimiento de un cuerpo burocrático amparado en una superestructura ideológica que mantiene a nuestro pueblo encadenado a la miseria, alienado y alejado de su propia realidad. Estas estructuras de poder se fundamentan en la imposición de un saber que les garantiza la supremacía y dominación a través del control de las ideologías, la cultura, la educación y de los medios de comunicación”.[5]

Adicionalmente, en la sección IV, dedicada al “Modelo Productivo Socialista”, del Proyecto Nacional Simón Bolívar (Primer Plan Socialista para el período 2007-2013) se estableció lo siguiente:

“La producción en la búsqueda de lograr trabajo con significado se orientará hacia la eliminación de la división social del trabajo, de su estructura jerárquica actual y a la eliminación de la disyuntiva entre satisfacción de necesidad y producción de riqueza.

El modelo productivo responderá primordialmente a las necesidades humanas y estará menos subordinada a la reproducción del capital.

La creación de riqueza se destinará a satisfacer las necesidades básicas de toda la población de manera sustentable y en consonancia con las propias exigencias de la naturaleza en cada lugar específico.

El Estado conservará el control total de las actividades productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país y el desarrollo multilateral y de las necesidades y capacidades productivas del individuo social.

Esto conlleva identificar cuál modo de propiedad de los medios de producción está mayormente al servicio de los ciudadanos y quiénes la tendrán bajo su pertenencia para así construir una producción conscientemente controlada por los productores asociados al servicio de sus fines”.

Finalmente, recuérdese que en ese mismo documento se representaba el peso relativo de las empresas privadas capitalistas, las empresas capitalistas del Estado y las empresas de economía social en el sistema, en contraste con la situación futura a la que se aspiraba.

Como puede verse, el recorrido que hemos hecho a lo largo de los tres documentos citados (“El Nuevo Mapa Estratégico” de 2004, el “Proyecto de Reforma Constitucional presentado por el Presidente ante la Asamblea Nacional” en agosto de 2007 y el “Proyecto Nacional Simón Bolívar”), sugiere la existencia de un hilo conductor bastante nítido o, para decirlo de un modo más preciso, de un enfoque ideológico cuya raíz marxista es irrefutable.

A efectos de lo que aquí se trata, no tiene importancia saber si el Presidente Chávez es un “revisionista”, en lugar de un “marxista ortodoxo”; o la eventual influencia de algunos de los planteamientos tácticos de, por ejemplo, Trotsky y Mao Tse Tung en su visión; o incluso, como ocurre en algunos círculos, si el primer mandatario habría efectuado una lectura –ya sea exhaustiva y detenida, o incompleta y fragmentaria- de El Capital de Marx. Pues en el discurso oficial se encuentra, en no pocas ocasiones, un sincretismo ideológico, dada la apelación a varios referentes simultáneos de la tradición socialista, al margen de la escasa coherencia interna que esta operación dibuja. Pero de lo que no queda duda es de la influencia del marxismo y su traducción política, el socialismo, en contraposición al reformismo de E. Bernstein.

Así las cosas, la importancia estratégica, de largo plazo, de la Ley de Costos y Precios Justos es que le permite al gobierno avanzar en la transformación del sistema económico, en este caso interviniendo el proceso de fijación de precios, con lo cual, desde una óptica estrictamente marxista, se estaría interviniendo el proceso de acumulación, conforme a las tesis de Marx.[6]

El próximo sábado la segunda parte:

“La utilidad de la Ley de de Costos y Precios Justos: una lectura de opinión pública”

Publicado originalmente en Entorno Político (Diciembre 2011)