Perú y los presidentes en minoría parlamentaria permanente 🔊

Fachada principal del Congreso de la República. Lima. Imagen El Peruano

Por Xavier Rodríguez Franco

En pocos países de la región latinoamericana el esquema de gobernabilidad depende tanto de la actividad parlamentaria como en el Perú. Tanto por su diseño constitucional, como por la acentuada fragmentación política que vive el país, el Congreso de la República ha sido epicentro de las diferentes crisis políticas que ha tenido la nación en su historia reciente.

En una región tan marcadamente presidencialista, resulta saliente un protagonismo parlamentario tan acentuado como el que se ha desarrollado en el Perú. República en la que las facultades parlamentarias, además de controlar la gestión del Poder Ejecutivo, en la práctica han seguido un abierto patrón de obstaculización, especialmente enconada antes y después de la renuncia del ex-Presidente Pedro Pablo Kuczynski en marzo del 2018.

Desde entonces este parlamento unicameral, ha sido el principal escollo a la gestión presidencial de los tres presidentes interinos posteriores. Para septiembre del 2019 el primero de ellos Martín Vizcarra anunció la disolución del parlamento por decreto presidencial, en virtud de las restricciones para conformar el gabinete ministerial. Con lo cual convocaría una elección legislativa extraordinaria para conformar una representación parlamentaria también interina hasta julio de 2021. Fecha en la que debe comenzar la legislatura electa en abril. Desde entonces, la desconfianza mutua y sistémica entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial no ha dejado de ser la principal característica del sistema político peruano.

Esta elección redujo a las dos mayores bancadas de oposición de entonces (Fuerza Popular y Nuevo Perú) y fragmentó aún más la distribución de los curules para la legislatura que comenzaría en enero de 2020. Año que marcó la mayor confrontación institucional de los últimos lustros. Dos destituciones, tres presidentes interinos, varios ciclos de protestas y hasta episodio de represión policial en las calles. Lo cual ha tenido el agravante de una deficiente gestión sanitaria, que ha colocado al Perú como la nación con mayor cantidad de víctimas mortales por COVID-19 por cada 100.000 habitantes de latinoamérica.

La minoría parlamentaria permanente

En este precario contexto, las elecciones generales previstas para abril de 2021 plantean una dificultad añadida. Es altamente probable que, independientemente quién resulte electo, su nuevo mandato se desenvolverá en un esquema de ingobernabilidad similar. En efecto, de acuerdo a distintos estudios de opinión pública, todos los candidatos presidenciales que se presentan a la primera vuelta, a lo largo de los últimos 15 meses presentan una porción muy pequeña del electorado. Incluso la diferencia porcentual en alguno casos es tan solo del 1%.

Todo lo cual tendrá su reflejo en la elección legislativa. Según estos estudios, alrededor de la mitad de los partidos políticos, podrían tener presencia parlamentaria, ya que superarían el mínimo de 5% que exige la ley electoral. Lo cual hace prever la continuidad de la fragmentación en las bancadas y una gestión presidencial con poco respaldo del Poder Legislativo. Lo cual se suma a la fragmentación también del electorado, el desplome acentuado de los índices económicos y la inocultable desafección ciudadana con la clase política en su conjunto.

En palabras del politólogo Martín Tanaka, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú e investigador del Instituto de Estudios Peruanos “el próximo presidente va a enfrentar a un Congreso muy fraccionado. Lamentablemente, en los últimos años nos hemos acostumbrado a ver esta política maximalista, manejada con mucha irresponsabilidad que ha creado este enfrentamiento permanente entre el parlamento y el ejecutivo. Y ese enfrentamiento fue el que llevó a la renuncia de Kuczynski, al cierre del Congreso, a la vacancia de Vizcarra, y que se ha traducido en conflictos permanentes”. Esta referencia incluye los breves e inestables gobiernos interinos de Manuel Merino (solo 5 días en el cargo) y el actual presidente Francisco Sagasti.

Los cambios en la legislación electoral

Cabe destacar un importante aspecto institucional adicional. Los cambios recientes en las reglas electorales han generado que todos los partidos se vean obligados a participar para no correr el riesgo de desaparecer. Ya que se cancelaría la inscripción de aquellos partidos que no participen consecutivamente en dos elecciones generales a partir del 2016. Ante lo cual, es altamente probable que la nueva legislatura vuelva a presentar una fragmentación de bancadas legislativas. La mayoría de ellas con precarias posibilidades de legislación y poca disciplina partidaria. Dificultando la generación de consensos y haciendo frágiles las mayorías en el pleno. Comprometiendo en suma, la propia gobernabilidad del sistema político.

En líneas generales la autonomía parlamentaria, en un esquema democrático siempre es necesaria como principal mecanismo de equilibrio a la gestión gubernamental. Así como también, todo sistema político debería preservar su gobernabilidad, aún cuando el parlamento tenga una mayoría adversa al presidente. Sin embargo, la incorporación de medidas electorales que incrementen la fragmentación de la representación parlamentaria, pueden en la práctica disolver el sentido político de esta importante contención democrática. Situación actualmente presente en el Perú, así como también en el Ecuador.

Convirtiendo las facultades constitucionales de control democrático, en instrumento de revancha e inestabilidad política. Lo cual lejos de enriquecer el debate público o fortalecer la democracia, debilita considerablemente la capacidad de respuesta gubernamental y potencia el descontento social. Situación con implicaciones mortales en un contexto de pandemia como el que padece la región latinoamericana aún.