Por Alejandro Istúriz.
En cuestión de semanas, la pandemia del COVID-19 ha dejado en evidencia lo intrínsecas que nos resultan las costumbres y prácticas sociales sobre las que está constituida nuestra vida en comunidad. El hombre como animal social y, en consecuencia, político tiene la capacidad de deliberar y trabajar en conjunto para alcanzar metas comunes. Partiendo de esta capacidad, el alcance de la enfermedad puede limitarse en función de cuán hábiles seamos para organizarnos, tomar decisiones conscientes –con visión de futuro– y cooperar en medio de nuestras diferencias.
Cuando el brote de Wuhan se esparció por Asia y las primeras luces de alarma se encendieron en Europa, en Latinoamérica contuvimos el aliento, preguntándonos: ¿Cómo reaccionaría nuestro continente ante la tormenta que estaba por venir?
En Parlamundi, abordamos esta pregunta desde las perspectivas parlamentaria y legislativa, ofreciendo a nuestros lectores un panorama general del continente:
Venezuela: Deliberación bajo asedio
El asedio institucional de la Asamblea Nacional de Venezuela y la persecución política de sus miembros por el gobierno de Nicolás Maduro no han impedido que esta ofrezca respuestas a la emergencia sanitaria del COVID-19.
Con conocimiento de la rápida propagación de la enfermedad por Asia y Europa, el 4 de febrero el Parlamento venezolano aprobó en sesión ordinaria un “Acuerdo sobre la Epidemia del Coronavirus 2019-Ncov”, anexándole un manual científico de prevención y atención de la enfermedad. Ante la negativa del Gobierno Nacional a ejecutar las resoluciones del Legislativo, el pleno acordó que el manual fuese repartido en los centros de salud, puntos de control aduanero y el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, de modo que los funcionarios estuviesen debidamente informados sobre la amenaza sanitaria y pudiesen coordinar acciones para al menos ralentizar su propagación en Venezuela.
El anuncio de la llegada del COVID-19 por el Ejecutivo tuvo lugar el 13 de marzo, siguiéndole la suspensión de actividades educativas, y a esta la cuarentena nacional. El Estado de Emergencia fue declarado mediante un decreto presidencial de Maduro, que, contrario a lo determinado en la Constitución, no fue remitido al Parlamento para su revisión y aprobación, práctica habitual en los esquemas dictatoriales. Luego del anuncio, la Presidencia Interina de la República, ejercida por el Presidente del Parlamento, Juan Guaidó, llamó a la nación a cumplir con las directrices de aislamiento social y pospuso las convocatorias a protesta y asambleas ciudadanas pautadas para marzo. Guaidó impulsó la labor del Comisionado de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas de su gabinete y creó el Observatorio de la Democracia y Derechos Humanos para registrar los actos ejercidos por el régimen de Maduro que violenten los derechos de la ciudadanía durante el estado de excepción.
En vista de la necesidad del distanciamiento social, la Asamblea Nacional sesionó virtualmente el 17 de marzo para trazar un mapa de la situación general y determinar medidas a tomar respecto al virus. Se presentó un amplio informe médico de la comisión presidencial de expertos, en el cual se detalló la precaria situación del sector salud en Venezuela y se dilucidaron las condiciones de los grupos con mayor condición de riesgo: los migrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad económica, el sector productivo alimenticio y las personas mayores.
Días después, la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico presentó cinco propuestas específicas para enfrentar la pandemia desde la perspectiva económica: 1) transferir fondos directamente a la ciudadanía para que esta pueda cubrir sus necesidades básicas durante la cuarentena; 2) extender el plazo para el pago de impuestos nacionales a las empresas, con el fin de que estas puedan mantener y pagar sus nóminas de empleados durante la crisis; 3) exonerar tasas y aranceles para la importación de insumos básicos; 4) eliminar las medidas de encaje legal de 100%, permitiendo el restablecimiento del crédito bancario en Venezuela; 5) eliminar los trámites burocráticos que evitan la normal distribución de alimentos en Venezuela, siendo nichos para la corrupción.
En las últimas semanas, el gobierno de Maduro no se ha pronunciado respecto a las propuestas de la Asamblea Nacional, sino que ha aumentado la persecución contra los legisladores, así como también sobre los periodistas, activistas y personal sanitario que denuncian la precariedad del sistema sanitario . Al mismo tiempo, la cifra de contagiados sigue en aumento.
Colombia: del receso parlamentario a la crisis sanitaria
Cuando el Congreso de Colombia entró en receso en diciembre del año pasado –en medio de protestas sociales y una reforma constitucional “de justicia” a las puertas del debate público-, sus parlamentarios no esperaban que su fecha de retorno a la faena legislativa coincidiera con la llegada al país de la que parece ser la crisis sanitaria más grande de la historia contemporánea. El 16 de marzo –fecha acordada para el reinicio de las labores del Congreso– la cifra de contagiados por el COVID-19 en Colombia ya era motivo de alarma para sus autoridades.
El reinicio de las actividades de la Cámara de Representantes fue pospuesto por el Senado para el 13 de abril, al tiempo que se hizo pública la directriz enviada a los parlamentarios y trabajadores de la institución para no retornar al capitolio hasta la nueva fecha, con la exposición de motivos respectiva.
Las reacciones de los congresistas fueron diversas: algunos respaldaron la medida sanitaria (habiéndola recomendado); otros hicieron audibles sus exigencias al Gobierno Nacional de desarrollar mecanismos alternos para la actividad del cuerpo legislativo; y otros insistieron en la necesidad de que el Congreso ejerciera su función de control sobre el Ejecutivo durante sus acciones de respuesta a la crisis. Entonces, no había sido declarada la cuarentena nacional.
El 19 de marzo, a través de Twitter, el Presidente del Senado solicitó a la Presidencia decretar toque de queda en todo el país. Haciendo de lado las tensiones por el escándalo de corrupción electoral que acababa de destaparse en Colombia, le tendió la mano a Iván Duque: “Es tiempo de trabajar en equipo para evitar la propagación del coronavirus”. En las siguientes horas, se dio a conocer una petición de numerosos representantes de las cámaras alta y baja del Congreso para que el presidente ordenara la cuarentena nacional, fundamentada en las recomendaciones de la OMS. El 20 de marzo, el presidente decretó la medida.
Tras el cierre del Congreso, un grupo de más de sesenta parlamentarios determinó no cesar en sus labores y se constituyeron en la figura del “Congreso Virtual”. Aseguraron que el mecanismo cumplirá con las funciones de “impulsar las medidas que tomen las autoridades, cooperar para visibilizar los problemas que genera esta situación en la ciudadanía, y realizar control político a las decisiones que tome el poder Ejecutivo”. A pesar de esto, los congresistas siguen a la espera de un decreto de gobierno que le otorgue el carácter vinculante a las decisiones del pleno y comisiones, pese a que Duque aseguró que desde el Ejecutivo se respaldaría el trabajo virtual del Legislativo.
Entretanto, un gran número de congresistas han decidido colaborar personalmente al alivio de la emergencia, en el marco de lo cual han persistido en el estudio de la crisis y el ofrecimiento de recomendaciones al Gobierno Nacional en materia económica, sanitaria, cultural y de infraestructura. Entre las acciones más destacadas, treinta de ellos tomaron la iniciativa de donar una porción de su salario a sectores vulnerables de la población.
Asimismo, la Unidad Coordinadora de Atención Ciudadana del Congreso, se puso a disposición de la ciudadanía para atender sus inquietudes en torno al COVID-19, mediante los canales de comunicación oficiales del parlamento.
Ecuador: Una Asamblea que no ha parado
La respuesta al COVID-19 fue rápida en la Asamblea Nacional de Ecuador. El esquema de acción del Parlamento –desarrollado sobre la marcha–, hasta los momentos se ha desenvuelto en tres fases, las cuales han apuntado a: 1) proteger la salud de los legisladores ante el virus; 2) facultarlos y proporcionarles los recursos para continuar sus labores en la emergencia sanitaria; 3) legislar y ejercer sus funciones contraloras sobre el Ejecutivo.
Ya el 12 de marzo, la Asamblea Nacional de Ecuador contaba con un protocolo de seguridad para el acceso a sus instalaciones. Inicialmente, se dispusieron puntos de control para el chequeo médico de los trabajadores administrativos y visitantes del Parlamento, la revisión de sus historiales de viaje y el seguimiento de sus casos particulares. En los días siguientes, se realizaron jornadas de capacitación sobre la enfermedad, se dispuso la dotación de insumos médicos, se acordó un plan de limpieza intensiva del edificio y se colocaron dispensadores de gel antibacterial en sus áreas comunes.
El siguiente paso fue asegurar la continuidad de la tarea legislativa de la Asamblea, para lo cual se desarrolló un sistema de trabajo virtual adecuado a sus necesidades. El Consejo de Administración Legislativa (ente regente de la labor del Parlamento) oficializó el trabajo telemático de las comisiones. Las convocatorias a sesión, la medición de asistencia de los parlamentarios, los mecanismos de votación y las intervenciones en los debates se adecuaron al trabajo desde casa, en cuarentena.
Ya dispuestos los instrumentos técnicos para efectuar sus funciones, el Parlamento coordinó una sesión de trabajo virtual con la Ministra de Salud el 16 de marzo, con el fin de documentarse cabalmente sobre las acciones realizadas por el Ejecutivo para afrontar la llegada de la enfermedad a Ecuador. Tras ella, se aceleró el trabajo de las comisiones y el Legislativo inició su labor contralora en el marco de la crisis, llamando a comparecer ante él a los ministros y funcionarios del Gobierno Nacional encargados de dar respuestas a la ciudadanía. Los titulares de los sectores sanitario, económico, financiero, cultural, educativo y laboral rindieron cuentas a los grupos de trabajo respectivos y estos, a su vez, ofrecieron recomendaciones para mejorar la respuesta del Estado a la pandemia.
El martes 24 de marzo, en la primera reunión virtual del pleno del Parlamento en toda su historia, fue aprobada la Resolución de Compromiso Político Social frente a la Emergencia Sanitaria COVID-19. En el documento, sancionado con 120 votos a favor, 5 abstenciones y 0 en contra, se hace un llamado a las autoridades respectivas para, entre otros puntos: 1) dotar al sistema de salud nacional de los insumos, medicamentos y equipos necesarios para responder a la emergencia; 2) revisar el presupuesto del Gobierno Nacional y adecuarlo para que el sector salud reciba los recursos necesarios; 3) brindar un bono de servicio especial a los trabajadores de la salud; 4) determinar la reducción de las tasas de interés para los créditos de la banca pública durante la crisis sanitaria e instar a la banca privada a emular las medidas de esta; 5) asegurar la estabilidad del sistema educativo nacional y el pago a sus trabajadores; 6) atender a los ciudadanos ecuatorianos varados en el extranjero en medio de las limitaciones de transporte globales; 7) instar a los periodistas a seguir cumpliendo con su indispensable labor informativa en medio de la crisis.
Entre aplausos y miradas de preocupación, durante la semana un gran número de diputados han solicitado al Gobierno Nacional que posponga el pago de la deuda pública a los acreedores del Estado hasta que finalice la emergencia, para disponer de recursos para atender las necesidades inmediatas del sistema de salud. En el documento firmado y sellado en el pleno, la Asamblea se ha comprometido a trabajar en la legislación pertinente para la recuperación económica del país tras los desmanes que, se prevé, dejará a su paso el COVID-19 en las distintas esferas de la vida nacional. Queda por ver la respuesta del Ejecutivo ante los reclamos y exigencias de los parlamentarios y cómo se desenvolverá el Legislativo tras la adopción de esta resolución inicial frente a una pandemia que ya comienza a padecerse sensiblemente en ciudades como Guayaquil y la región capitalina de Pichincha.
Los parlamentos durante y tras la crisis
Estudiando la labor parlamentaria de Venezuela, Colombia y Ecuador de cara al COVID-19, podemos encontrar varios elementos comunes:
- Los tres parlamentos han adaptado su actividad legislativa a las modalidades remotas, cumpliendo sus miembros con la cuarentena y su responsabilidad frente a los ciudadanos que los eligieron.
- La agenda político partidista ha sido desplazada de forma parcial, si no total. En Venezuela, se suspendieron las convocatorias de calle lideradas desde el Parlamento; en Colombia, se pospuso la discusión de las acusaciones de corrupción de Duque; mientras que en Ecuador, las diferencias ideológicas son puestas de lado en la toma de decisiones ante la inmediatez y agresividad de la crisis sanitaria.
- El Legislativo ha sido insistente en recalcar la importancia su labor contralora del Ejecutivo, previendo que cometa excesos contra las instituciones y la ciudadanía escudándose en la declaración del Estado de Excepción.
- El trabajo de las comisiones permanentes ha sido protagónico en el desarrollo de propuestas para atender la crisis.
Además de depender de la velocidad de respuesta efectiva de cada parlamento, los efectos particulares de sus acciones, dependen en buena medida sobre su relación con el Ejecutivo. Aquí hay amplias diferencias: el grado de compromiso hacia la cooperación entre Legislativo y Ejecutivo: en Venezuela es inexistente (en relación con el Gobierno de Maduro); en Colombia es circunstancial; y en Ecuador es sostenida, al menos hasta el momento.
El éxito del accionar del Legislativo para hacer frente esta situación sin precedentes podrá medirse en los resultados de sus decisiones en los próximos meses, cuando pase esta fase inicial y los ciudadanos vuelvan salir a las calles. Todo parece indicar que el mundo no será el mismo y las implicaciones de la emergencia aún resultan difíciles de anticipar.
Es importante acotar que los parlamentos entre sus facultades, cuentan con comisiones permanentes –asesoradas por expertos y abiertas a la deliberación– abocadas cotidianamente a revisar la política pública sanitaria, por tanto esta capacidad de información especializada y generación de respuestas es crucial en la actual crisis global. Por su naturaleza deliberativa y legislativa, están en constante comunicación con los demás entes del Estado y la sociedad, por lo que su rol en el marco de esta crisis es central antes, durante y al momento de restablecer la confianza de los ciudadanos pasada la emergencia. De aquí que los Parlamentos debe seguir trabajando, pues como dijo recientemente el Eurodiputado Esteban Gonzalez Pons: “no debe cerrar durante la crisis, porque el Parlamento es la casa de la esperanza”.