Por Xavier Rodríguez Franco

Para muchos salvadoreños, la mera mención del «Salón Azul», más que un lugar concreto de alguna edificación del centro histórico de San Salvador, representa una institución que con el paso de los años, además de sede del Poder Legislativo del país, es el espacio desde el cual se ha ido desarrollando el tejido legislativo de un país que sigue su camino a la consolidación democrática, y con ello pasar definitivamente el largo capítulo de violencia política y urbana de su historia reciente.

Ubicado desde 1906 hasta 1974, en lo que hoy sigue siendo el Palacio Nacional de El Salvador (1), el salón azul original sigue conservando los 28 escaños que tuvo durante buena parte de su historia parlamentaria, así como también los espacios para la prensa, principal responsable de la propagación de la existencia de un palacio que tenía el mismo color de la bandera: el azul. Este aspecto, que quizá resulte anecdótico, entraña un simbolismo especial si consideramos el importante aspecto que representa el hecho de que todo espacio parlamentario, tenga cercanía y acceso a la información deliberante.

Para 1975 el Poder Legislativo salvadoreño se traslada a la actual sede, pero ya en las referencias ciudadanas y políticas el parlamento será para siempre el «Salón Azul», como una marca distintiva de la integridad de este poder público en la conciencia colectiva de la nación entera, quedando así consagrada en la Constitución de 1983, texto fundamental modificado tras los Acuerdos de Paz, pero que aún sigue vigente. A pesar de la Guerra Civil (1980-1992), las guerrillas campesinas y los años de violencia que vendrían después, el Salón azul siguió siendo epicentro de crispados debates, turbulentas negociaciones y acuerdos imperfectos, marcados siempre con la misma necesidad imperiosa de concordia como fundamento central de convivencia y sobretodo gobernabilidad democrática.

Las formas también hablan del fondo

A pesar del sangriento historial de violencia que tiene El Salvador, recientemente el Presidente Nayib Bukele, desconociendo el principio democrático principal de la autonomía parlamentaria, así como el carácter civil de la institución, ordenó la toma de este emblemático salón por efectivos de la Policía y el Ejército salvadoreño. Luciendo indumentaria de asalto y armamento de combate, incursionaron convocados por el mismo Presidente como medida de presión para la aprobación de la tercera fase de un controvertido Plan Control Territorial sobre el cual persiste una opacidad administrativa que inquieta especialmente a la oposición mayoritaria (2) de la Asamblea Legislativa.

Este episodio, apoyado a las afueras también por un grupo de simpatizantes del Presidente, ha marcado una nueva escalada en las tensiones entre ambos poderes públicos, lo cual en un contexto democrático es parte de la dinámica política cotidiana, sin embargo emplear a las Fuerzas Armadas (que están al servicio de la ciudadanía en su conjunto y no de una parcialidad política) como un instrumento de intimidación a la autonomía parlamentaria, especialmente cuando no se tiene mayoría de las curules, es sin lugar a dudas una violación flagrante al estado de derecho y una agresión a la frágil vida democrática de un país, que todavía lleva muy fresca las cicatrices del conflicto armado de los años ochenta.

Independiente de los niveles de popularidad que puedan llegar circunstancialmente tener cualquier Presidente, y mucho desprestigio que pueda acumular la clase política que representa la oposición, tal como lo sugieren los estudios de opinión pública en El Salvador, debe prevalecer el talante democrático y demostrarse que se entiende el proceso político en su complejidad institucional, sus contrapesos y el respeto a la pluralidad propia de toda sociedad. De modo que por mucho éxito potencial que pueda tener un proyecto político particular, imponer ultimatums con militares rodeando curules, revela en el fondo un talante autoritario propio del que considera justificable el proselitismo partidista de las fuerzas de seguridad del Estado. Con lo cual rompe la subordinación de las armas a las instituciones y las leyes, condición central de toda democracia.

«…Por mucho éxito que pueda tener un proyecto político, imponer ultimatums con militares rodeando curules, revela un talante autoritario propio de quien consiente el proselitismo partidista de las fuerzas armadas» Xavier Rodríguez Franco

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Por tanto un plan de seguridad ciudadana, más allá de su necesidad para controlar el flagelo de las pandillas, con amenazas, opacidad y promesas de «mano dura», innevitablemente generará más desconfianzas, revitalizando con ella los peores presagios de ingobernabilidad, así como también los más amargos recuerdos de las masivas violaciones de los derechos humanos que Centroamérica en su conjunto ha vivido en su historia contemporánea y de las cuales aún hoy no ha habido justicia ni reparación para muchas de sus víctimas.

A pesar de este intento presidencial de pintar de verde oliva al parlamento salvadoreño, este espacio mantiene los azules de su bandera y su rol de contrapeso institucional, a un Presidente que mucho de formación democrática y humildad de carácter requiere para su aún muy joven carrera política.

Referencias:

1. Palacio que tenía la particularidad de ser sede de los tres poderes públicos del país, tal como lo destaca la «Breve historia de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador«.
2. Actualmente los partidos de oposición a Nayib Bukele, conforman la mayoría parlamentaria con 72 escaños (88%) del Poder Legislativo.

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